Funcionarios judiciales de la provincia de Sevilla están recibiendo "órdenes expresas" por parte de los secretarios de cada órgano concreto "para el tratamiento adecuado" de los documentos que se desechan, que "deben arrojarse destruidos a los contenedores" habilitados para tal efecto, informaron a Europa Press fuentes jurídicas. 

Según una circular enviada por la secretaria coordinadora provincial de Sevilla es "fundamental" que no se tire ninguna documentación con datos identificativos y sujetos a la Ley de Protección de Datos, ya que el desecho de estas papeleras no se recoge por la empresa de reciclaje contratada por la Delegación Provincial de Justicia, por lo que irían a parar a los contenedores ordinarios. 

Asimismo, la Junta de Andalucía, con fecha de 8 de abril, ya ordenó que los contenedores especiales se ubicasen dentro de las oficinas judiciales --y no en los pasillos-- para evitar anomalías con los expedientes desechados, puesto que dichos contenedores no están sellados para estar en un lugar de tránsito de muchas personas a lo largo de cada jornada. 

En este sentido, el responsable del sector de Justicia de Sevilla de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Miguel Ángel Ramos, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que la medida le parece "correcta", si bien reclamó a la Administración autonómica que instale una destructora de papel en cada juzgado porque "es absurdo y supondría una pérdida de tiempo" que esa labor le corresponda a los funcionarios. 

Este recordatorio relativo a la destrucción de documentación que contengan datos sometidos a la Ley de Protección de Datos se produjo un día después --el 29 de mayo-- de que el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un juzgado de instrucción madrileño abrieran sendas investigaciones para aclarar las circunstancias que propiciaron la aparición de expedientes relacionados con denuncias por maltrato en contenedores de basura cercanos a sedes judiciales de la capital de España.