Los representantes de los mayoristas del pescado de Mercasevilla mantuvieron ayer en Bruselas un encuentro con los eurodiputados del PP Carlos Iturgaiz y Teresa Jiménez Becerril, que han ofrecido su asesoramiento para que eleven una queja a la Comisión de Peticiones de la Cámara Europea, de la que Iturgaiz es vicepresidente. En la queja se pide amparo a Europa para que fuerce a Mercasevilla a liberalizar el comercio de pescado, sometido desde hace décadas a un intervencionismo total.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, acompañado por el portavoz Adjunto y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez; el abogado de la organización de mayoristas de pescado, José Ramón Rodríguez Fajó; el presidente de la asociación de empresarios de Mercasevilla, José María Morillo, y el abogado Joaquín Moeckel, se encuentra en Bruselas para tratar de avanzar en el cumplimiento de la sentencia que el Consejo Nacional de la Competencia (antes Tribunal) emitió en 2002 sobre los cánones que pagan los mayoristas del pescado a Mercasevilla. La sentencia fue ratificada años después (2006) por la Audiencia Nacional, pero ambas no se han cumplido en su totalidad.

Zoido ha mostrado su satisfacción por el resultado del encuentro y ha insistido en que cuando hay una resolución por cumplir y una Cámara Europea en la que se puede desbloquear hay que insistir hasta conseguirlo por el bien de estos empresarios, del mantenimiento de los puestos de trabajado, y de los sevillanos que se abastecen de los productos de Mercasevilla. Por eso, el portavoz popular se ha mostrado dispuesto a llamar a todas las puertas para colaborar con el buen funcionamiento de la compañía y la conciliación de los intereses de todos los colectivos de Mercasevilla.

Una de las principales preocupaciones del portavoz del PP es la repercusión del pago de los cánones actuales en el mantenimiento de los trabajadores públicos del mercado de pescado que realizan tareas de arrastre de descarga y facturación para los mayoristas de pescado a cambio de las cuales Merasevilla cobra cánones a estos empresarios consideran discriminatorio. Zoido recalca que, además, estos pagos repercuten en el precio del pescado que consumimos los sevillanos y que no ayuda a generar empleo.

Para el portavoz popular, "hay fórmulas para que se aplique esta resolución y no se pierda ni un solo puesto de trabajo sino muy al contrario". Zoido está seguro de que "cuando se cumpla la resolución pendiente ganarán los empresarios y ganarán los sevillanos, que compraremos el pescado sin que el canon repercuta en el precio".