El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, presentó ayer las alegaciones a la Ordenanza para la Convivencia y el Fomento de los Espacios Públicos -también conocida como ordenanza antivandálica-, incidiendo en la necesidad de aumentar las sanciones y fijar cantidades comprendidas entre 750 y 1.500 euros a las personas que requieran los servicios de prostitutas, y de 1.500 a 3.000 euros si las relaciones sexuales retribuidas se mantuvieran en el espacio público.

En un acto público realizado en el barrio de Santo Domingo de la Calzada, especialmente afectada por el problema de la prostitución, Zoido reivindicó que "para un padre no es agradable ver cómo delante de sus hijos hay hombres ofreciendo dinero a una mujer a cambio de favores sexuales", así como que los menores tengan que "sortear los preservativos tirados en la calle".

Tras defender la necesidad de que la ordenanza antivandálica recoja medidas contra la práctica de la prostitución, Zoido señaló que en el pliego de alegaciones presentadas por los populares se aborda este tema, "que hay que afrontar desde distintas perspectivas y con una apuesta firme y decidida de las administraciones".

En este sentido, indicó que "el ejercicio de la prostitución en la calle y los efectos para los vecinos que viven en la zona donde se ejerce sí se pueden abordar desde la ordenanza que se ha elaborado, que no recoge ni una línea sobre prostitución porque aún está en proceso de revisión y que si hay voluntad puede incorporar nuestras alegaciones". El portavoz municipal popular recalcó que las alegaciones están encaminadas a sancionar a los clientes, no a las prostitutas, para "disuadirlos" de requerir sus servicios y mantener relaciones con ellas en la vía pública.

Zoido aseguró saber que "pueden levantarse voces que digan que es poco tolerante, pero poco tolerante es mirar para otro lado mientras esas mujeres ejercen la prostitución en la calle o que los vecinos tengan que soportar día tras día lo que conlleva el ejercicio de esta profesión en la calle".

Por ello, el único grupo de la oposición aboga por que la Policía se encargue de recordar a las personas que ejercen esta profesión que dichas prácticas "estarían prohibidas por la presente ordenanza, además de informarles sobre instituciones públicas y privadas que les ofrecen asistencia social", al margen de las sanciones económicas ya expuestas.

"Además, creemos que dada la situación de marginalidad en la que se encuentran las personas que ejercen la prostitución y los gorrillas, el Ayuntamiento debería elaborar un programa socio laboral para estos colectivos", añadió Zoido.