Un día después del desalojo del edificio conocido como Casas Viejas, los dos okupas que permanecieron encerrados en un zulo durante 37 horas comparecieron ante los periodistas para denunciar las supuestas "torturas físicas y psicológicas" a las que, según aseguran, fueron sometidos por los agentes de la Policía Nacional y los Bomberos durante el tiempo que duró el encierro voluntario.

Agustín Toranzo, un activista de 39 años que fue el último en salir de la galería, sostuvo que los malos tratos físicos consistieron en atarles las manos y los tobillos con cintas de "precintar" para inmovilizarles los dedos, con lo que se les cortaba la circulación sanguínea, produciéndoles un dolor muy intenso. En cuanto a las "torturas psicológicas", el activista relató que la Policía y los equipos de rescate lanzaron insistentes mensajes respecto a que un ingeniero de minas había asegurado que era "imposible desalojarlos con vida", que "iban a morir sepultados porque había una excavadora trabajando" encima de ellos, que les "inyectarían suero para dormirlos" o un "gas" en el tubo de ventilación e incluso que "soltarían ratas" en la galería subterránea.

Como culminación de su denuncia, los okupas compararon su situación, aunque sin mencionarlo expresamente, con la que se vivió con los soldados americanos y los presos de la cárcel iraquí de Abu Ghraib, al asegurar que los Bomberos llegaron a fotografíarse con ellos mismos mientras estaban atados, "como si fueran sus trofeos, en plan de sorna".

El testimonio de los activistas contrasta, no obstante, con alguno hechos objetivos. En primer lugar, los okupas reconocen que el zulo era bastante seguro, pues lo habían construido hace dos años y el habitáculo estaba reforzado con vigas contra la humedad y las termitas, al tiempo que disponía de un sistema de doble ventilación que garantizaba en todo momento la presencia de oxígeno suficiente. Sin embargo, obvian comentar que los Bomberos tuvieron que suministrarles oxígeno con mascarillas y bombonas porque el nivel había descendido hasta el umbral de la vida.

Los okupas reconocieron además que no estaban del todo solos en su protesta, por cuanto disponían de un teléfono móvil, que ocultaron durante todo el encierro y que les sirvió para comunicarse con sus compañeros. También revelaron que instalaron una cámara de seguridad para tratar de grabar los "malos tratos", pero no aportaron ninguna prueba.

Los miembros de la asamblea de Casas Viejas también admiten que "mintieron" sobre el hecho de que no podían soltarse, dado que en realidad sólo estaban unidos a la placa de hormigón con una cadena en cuyo extremo habían colocado un mosquetón de alpinismo. Esa mentira pretendía, según precisaron, garantizar su seguridad, pero en cualquier caso los dos okupas siempre tuvieron la posibilidad de abandonar una acción que requiere cierta fortaleza psicológica. El hecho de que no lo hicieran hasta después de 37 horas muestra que estaban preparados y, de hecho, según afirman, llevaban un mes y medio durmiendo en el habitáculo antes de que se produjera la intervención policial para cumplir la orden judicial de desalojo de Casas Viejas.

La denuncia de los okupas encontró ayer una respuesta contundente por parte de la Policía Nacional y del Ayuntamiento de Sevilla. El jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra, anunció que mañana iniciará los trámites para presentar una querella por injurias y calumnias, al considerar inadmisibles estas acusaciones.

El jefe superior explicó a Efe que la única preocupación de los equipos de rescate fue sacarlos con vida y en el mejor estado de salud posible, y recordó que fueron los propios jóvenes quienes se colocaron en situación de riesgo.

La delegada de Seguridad del Ayuntamiento, Nieves Hernández, se mostró "indignada" por la denuncia de los jóvenes y consideró que la credibilidad del colectivo está "en entredicho".