La incriminación de Antonio Rivas en la mordida de Mercasevilla no está avalada por datos objetivos, sólo por un testimonio que los investigadores consideran que fue "sincero" del gerente del Mercado Fernando Mellet. El jefe de la Policía Judicial de Sevilla sembró ayer numerosas dudas sobre la supuesta implicación del ex delegado de Empleo en la petición de la comisión a los empresarios de La Raza, al asegurar que "no había un solo dato objetivo" que sostuviera la versión ofrecida por Mellet respecto a que actuó tras recibir instrucciones del ex alto cargo de la Junta. En una enrevesada y confusa declaración, el responsable de la investigación realizó varias manifestaciones que, lejos de contribuir a esclarecer los hechos, provocaron que la vista oral entrara en un bucle de preguntas y repreguntas de los abogados que no hacía más que contribuir a enredar aún más el testimonio del funcionario.

El inspector de la Policía Nacional comenzó su declaración ratificando, a preguntas del fiscal anticorrupción, que el director general de Mercasevilla Fernando Mellet culpó a Antonio Rivas de dar las instrucciones para solicitar la comisión de 300.000 euros. El responsable policial explicó que Mellet fue informado de sus derechos y estuvo asistido de un abogado cuando fue citado a declarar tras conocerse la grabación del presunto cohecho. Durante la declaración, se procedió a la audición de la grabación pero no hasta el final, porque Mellet dijo que no quería seguir oyéndola porque le "daba vergüenza verse involucrado" en un asunto así. En cualquier caso, el testigo aseguró que Mellet, que en el juicio se negó a declarar, sí "insinuó" que recibió dos llamadas telefónicas de Rivas, en diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009, en las que el alto cargo de la Consejería le transmitió la "idea" de que había que solicitar la comisión, aunque según el testigo, no dio ningún detalle más al respecto.

A preguntas de las defensas, el inspector afirmó que la impresión que tuvo de la declaración de Mellet es que éste había sido "sincero". Sin embargo, el instructor del atestado subrayó acto seguido que le "hizo dudar de la verosimilitud" de la incriminación el hecho de que Mellet "no ofreciera ningún dato" sobre las supuestas instrucciones del delegado de Empleo.

Continuando con su testimonio, el jefe policial llegó a la conclusión de que "no había ningún solo dato objetivo" que sostuviera las manifestaciones de Fernando Mellet y, en este sentido, añadió que ni siquiera se solicitó un mandamiento judicial para recabar los registros de llamadas telefónicas que pudieran corroborar los contactos entre Rivas y Mellet porque no tenían elementos suficientes para motivar una petición fundada para reclamar esa prueba ante la autoridad judicial y porque la instrucción la dirigía ya la juez Alaya.

El inspector sí dijo que Mellet aseguró que en una de esas conversaciones el delegado le habría comentado que "le había tocado la lotería" porque le habían concedido la subvención para la escuela.

La implicación de Rivas no fue el único elemento de controversia en la declaración del agente, puesto el testigo reconoció que en un primer momento de la investigación no tenían claro si lo que ocurrió en la reunión grabada por los denunciantes se trataba de "una extorsión, una estafa o una simple negociación" entre empresarios y dijo que estaban a la espera de tomar declaraciones a los implicados para ver si podían esclarecer lo que estaba pasando.

Después de escuchar por completo la declaración, el instructor del atestado dijo que "pensó" que los directivos y los hosteleros habían llegado a un "acuerdo" sobre el pago de la cantidad, y también señaló que había oído de alguien relacionado con este asunto que los empresarios "habían pedido en algún banco las cantidades" que supuestamente se les exigieron, aunque luego precisó que no tiene ninguna constancia de que esta consulta a los bancos se hubiese producido realmente.

El funcionario indicó que de estos extremos se enteró porque después de instruir el atestado su unidad continuó trabajando "dos años más" en el mismo asunto y aunque dijo que no podía decir quién había realizado ese comentario sobre las supuestas gestiones de los hosteleros para localizar el dinero, esa cuestión no se investigó y al final consideró que no era creíble esa línea de investigación. El testigo llegó a decir que, en el curso de esa continuación de las pesquisas, pudo apreciar que "lo que en principio parecía tan evidente no les pareció" después.

El juez Ángel Márquez le preguntó sobre por qué no se investigó la posibilidad de que los hosteleros hubiesen realizado las gestiones bancarias, a lo que el testigo contestó que "la investigación se encaminó por otra línea". El policía señaló que una vez que el caso pasó de la Fiscalía al juzgado de Instrucción número 6, la investigación se guió por "el criterio de la instructora" y no el estrictamente policial. De estas diligencias surgió la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos, en el que la juez Alaya decidió apartar a la Policía Judicial de la investigación y solicitar la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al estimar que la Policía Judicial no disponía de suficientes medios para afrontar una investigación de tal envergadura, aunque el cambio de la Policía Judicial causó malestar porque se trataba de la unidad que había estado al frente del caso desde el primer momento.