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La dueña de Río Grande alega que no tenía que informar del embargo al futuro comprador

  • Carmen García dice que estaba dispuesta a devolver los 500.000 euros antes de ser denunciada

La dueña del restaurante Río Grande de Sevilla, María del Carmen García Sánchez, afirmó ayer a la juez de Instrucción número 15 de Sevilla que no tenía ninguna obligación de informar a la persona que intentó comprar su negocio -que llegó a abonarle 500.000 euros como señal- respecto a que la propiedad se hallaba sometida a un embargo por parte de la juez Mercedes Alaya, derivada de su imputación en la causa de los ERE fraudulentos.

Fuentes del caso explicaron que la propietaria de Río Grande, en su declaración como imputada por un delito de estafa, negó que ocultara información en la operación de compraventa y explicó que no hizo constar las cargas que pesaban sobre las fincas porque, a su juicio, no hacía falta que se dejase constancia porque el comprador, que es de Sevilla, conocía el embargo decretado por Alaya, dado que se trataba de un caso de repercusión mediática, subrayó la empresaria.

María del Carmen García Sánchez posee más del 99% de la propiedad de Río Grande e inició la operación de venta en octubre 2013, pero el embargo de las acciones en la causa de los ERE era anterior, en concreto del mes de mayo de 2012.

Según fuentes del caso, antes de que se firmara el contrato ya se había declarado la responsabilidad civil de la empresa Río Grande en la causa de los ERE fraudulentos, por la que la juez Alaya había impuesto a María del Carmen García una fianza de 1.990.689 euros y había declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la compañía.

El comprador le entregó un cheque por importe de 500.000 euros, como señal de la opción de compra de Río Grande, una operación que se había acordado por un precio de más de 6 millones de euros, aunque en este precio se incluía la subrogación de una hipoteca por importe de casi tres millones. En la operación se incluía la adquisición de los dos solares de la calle Betis donde está asentado el restaurante, así como el negocio en sí.

María del Carmen García alegó en su comparecencia ante la juez de Instrucción número 15 de Sevilla que informó de la operación al juzgado de Mercedes Alaya, pero según las mismas fuentes lo hizo con posterioridad, en diciembre de 2013, y en este caso lo que hizo fue pedir permiso al juzgado para la venta pero no explicó que ya se había firmado el contrato con la persona que ahora ha denunciado a la propietaria por una presunta estafa.

Las mismas fuentes indicaron que la dueña de Río Grande tenía la "obligación" de haber informado al comprador de la fianza civil impuesta y añadieron que la empresaria no tiene intención de devolver el dinero después de que haya sido denunciada por estafa.

En el momento de firmar la opción de compra, el juzgado de los ERE había embargado la totalidad de las acciones de García Sánchez en Río Grande y en febrero pasado embargó los dos solares y el restaurante, puesto que la entidad Río Grande aparecía como responsable subsidiaria de la fianza civil impuesta.

María del Carmen García Sánchez debe hacer frente a una fianza civil de 1.990.689 euros impuesta por la juez Alaya por los dos "intrusos" que fueron detectados entre los 13 prejubilados de su empresa. La empresaria notificó al juzgado su intención de vender el negocio, en una operación con la que esperaba conseguir "una mejora sustancial de sus fondos propios, elevando por tanto el valor intrínseco de las participaciones embargadas" por el caso de los ERE.

El abogado defensor notificó a Mercedes Alaya la operación de compraventa para que la misma no fuese "interpretada de forma errónea como un intento de eludir el efectivo aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias".

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