El ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ha recurrido la decisión del juzgado que dirige Mercedes Alaya de embargarle su pensión de incapacidad permanente absoluta que actualmente percibe por la "enorme desproporción" de la medida cautelar y porque esa pensión es en estos momentos el "sostén económico" de su familia, incluidos sus hijos y nietos.

Tan sólo unos días después de que el Tribunal Supremo absolviera a Antonio Rivas del presunto cohecho en Mercasevilla –la mordida de 450.000 euros que se exigió a los empresarios de La Raza-, la secretaria judicial emitió un decreto de embargo para garantizar la fianza civil de 3.323.672,49 euros que se le impuso tras su imputación en la causa de los ERE fraudulentos. En este decreto de embargo, se acordaba precisamente el embargo de la pensión de 2.554,49 euros que percibe actualmente Rivas, una medida que el juzgado sólo ha adoptado con muy pocos de los 183 imputados que hay en la causa.

El abogado Jon Ander Sánchez, que representa a Antonio Rivas, explica en el recurso que el decreto del juzgado adolece de una "falta de motivación", por cuanto los motivos para adoptar esta medida sobre la pensión no se han "razonado ni aludido en modo alguno en la argumentación de la resolución", ya que dicha medida sólo aparece en la parte dispositiva.

Recuerda el letrado que el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el embargo de los bienes debe hacerse "procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado", algo que, en su opinión, no se ha tenido en cuenta “en absoluto" en este caso, por cuanto que se trata de una instrucción de una causa de "extraordinario volumen, que lleva instruyéndose ya tres años y medio, y cuyo final, sencillamente, no es dable atisbar o vislumbrar a corto y medio plazo".

El abogado destaca que Antonio Rivas ha mostrado una "constante disponibilidad y colaboración en el juzgado en la causa anterior y en ésta", a lo que añade su "arraigo familiar, siendo el sostén económico en buena medida de parte de sus hijos y nietos", además de que ha mostrado una "transparencia absoluta" sobre sus bienes y también debe tenerse en cuenta, prosigue, su trayectoria política y profesional y su notoriedad pública en sociedad sevillana. Todo estos datos aconsejan y permiten afirmar la "enorme desproporción que la medida ahora adoptada tienen para su día a día, para su economía personal y familiar".

El recurso hace hincapié en que desde noviembre de 2012 hasta mayor de este año, cuando se dictó la sentencia del Tribunal Supremo, Antonio Rivas estuvo condenado por el delito de cohecho y sin embargo "no se ordenaron por ningún juzgado ni tribunal los embargos en la entidad y el alcance que ahora se pretenden establecer, en una causa en la que está imputado y que permanece en estado de instrucción no se sabe por cuanto tiempo más", insiste el letrado, que concluye que el embargo de la pensión causa un "irreparable perjuicio" en la capacidad económica de Rivas y de su familia, por lo que entiende que esta medida "no está en absoluto justificada".

En el recurso, el letrado critica que la juez Alaya haya tardado más de dos meses en darle traslado a la Fiscalía y al resto de las partes del recurso que presentó en su día contra la decisión de imponer la fianza de 3,3 millones de euros, un recurso que se presentó en reforma y subsidiariamente en apelación, lo que implica que será la Audiencia de Sevilla la que tenga la última palabra al respecto. Este retraso, advierte Jon Ander Sánchez, provoca una "evidente y palmaria indefensión, por cuanto sin haber sido resuelto, ni tan siquiera tramitado por parte de la instructora, por su parte la secretaría del juzgado ordena y procede a decretar lo conducente para asegurar dichas responsabilidades pecuniarias que están en discusión".

Por último, la defensa alega que no es cierto que no se pusiera de manifiesto en la causa el patrimonio de Rivas a efectos de trabar embargo, porque detalló sus ingresos y sus bienes en un escrito que presentó cuando fue citado a declarar en la causa, en febrero pasado.