El presidente del grupo Contsa, José Salas Burzón, no tiene conciencia de haber cometido ningún delito en relación con la suspensión de pagos que afecta a 1.200 inversores sevillanos. En su declaración como imputado en el juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que investiga dos denuncias presentadas por sendos inversores, José Salas tildó ayer de "falsa" la acusación de estafa y volvió a defender, como ya hiciera esta misma semana en un reunión con los perjudicados, que las dificultades económicas de la sociedad son fruto de la "crisis del ladrillo".

El dueño de Contsa, que estuvo en los juzgados acompañado por uno de sus escoltas, argumentó que, ante la situación del sector inmobiliario, "los bancos cortaron el grifo" y se quedó sin financiación, aunque reiteró en que la empresa dispone aún de patrimonio suficiente para devolver las cantidades que reclaman los acreedores mediante la venta de activos.

Una de las denuncias presentadas, en la que se atribuye una presunta estafa, relata que Contsa era consciente muchos meses antes de la suspensión de pagos, en concreto en mayo de 2007, de esa falta de liquidez y aun así la sociedad siguió recibiendo dinero de nuevos inversores. El presidente de Contsa negó este extremo en la comparecencia judicial, en la que llegó a precisar que no fue hasta finales de noviembre del año pasado cuando conocieron la falta de liquidez y, a partir de ese momento, decidieron no "captar" nuevos capitales.

Esta afirmación de José Salas se contradice, no obstante, con una de las denuncias, que acredita que uno de los afectados entregó el día 30 de noviembre más de 300.000 euros. Al serle planteada esta contradicción por uno de los abogados presentes en la declaración, Salas dijo que en este caso se trataba de una "renovación" de un contrato existente, no la captación de un nuevo inversor. No fue la única contradicción en la que incurrió Salas durante su declaración, puesto que el dueño de Contsa sorprendió a los abogados y al fiscal delegado de Delitos Económicos -que ha asumido la investigación- al declarar que a pesar de que él es el administrador único del grupo, el encargado de llevar la contabilidad de la empresa era su hermano Rafael, que falleció el 7 de febrero al suicidarse arrojándose desde una ventana a un patio de luces. José Salas admitió que él podía planear una compra o una venta, pero los detalles fiscales y contables eran competencia de su hermano.

Ante estas afirmaciones del máximo responsable de Contsa, el abogado Ignacio Cubero, que representa a uno de los denunciantes, consideró que el imputado "finge ignorar lo que sabe", ya que, según explicó, no deja de sorprender que el presidente de una empresa que tiene un capital social de ocho millones de euros no conozca quién es el responsable de emitir los certificados de rendimiento del capital inmobiliario dentro de la sociedad.

José Salas llegó incluso a decir a la juez que "no sabe" cuantos accionistas tiene la empresa y que ignoraba lo que era un concurso de acreedores hasta que la empresa entró en crisis.La suspensión de pagos de Contsa provocó la presentación de hasta cuatro denuncias de afectados, de las que actualmente sólo siguen adelante dos, por delito societario y de estafa, que fueron presentadas por personas que invirtieron 483.000 y 36.000 euros, respectivamente. Los otros dos denunciantes, que invirtieron otros en total unos 200.000 euros, han comunicado a la juez que desisten de la acción penal. El presidente de Contsa mostró ayer su confianza en la juez archive ambas denuncias y dijo que está "muy tranquilo porque con la verdad se va a todas partes". José Salas añadió que su comparecencia judicial "ha ido muy bien" y advirtió de que si le "dejan trabajar" todos los afectados cobrarán.