UNO de los peligros, entre el sinfín de virtudes, que tienen las palabras es que en determinadas situaciones hacen aflorar el subconsciente. Por muy talentoso que sea el actor -y un político, si aspira a algo, debe dominar ciertas claves de la dramaturgia-, al final es fácil descubrir su técnica por dos procedimientos: o bucear en el fondo de sus ojos o contrastar su discurso con los hechos. De ambos ejercicios suele obtenerse más o menos lo mismo: escepticismo.

Esta semana en Sevilla ha muerto una mujer atropellada. Una funcionaria de la Junta con discapacidad que, al cruzar un paso de peatones -una actividad que todos realizamos a diario varias veces al día-, fue arrollada por un camión. Aparentemente, un desgraciado accidente. Pero como la realidad nunca es una foto fija, sino sobre todo un fluir previo, y posterior, que los periodistas detenemos en un momento dado para poder acaso atisbarla, el episodio, que ha vuelto a poner en situación de zozobra al gobierno municipal justo en la misma semana que celebra su primer aniversario, ha sacado a la superficie datos ocultos sobre el funcionamiento de la ciudad que no conducen precisamente al optimismo.

Nadie puede responsabilizar directamente de esta muerte a nadie. Aunque es evidente que podría haberse evitado si el Ayuntamiento hubiera sido más receptivo a la voz de la calle, que casualmente no es algo que flote en el viento, sino un folio que los ciudadanos, funcionarios, compañeros de la fallecida, sindicatos y hasta policía locales se tomaron la molestia de escribir y enviar al registro abierto al efecto. Pese a todas las advertencias existentes sobre la peligrosidad del cruce de Hytasa -donde sucedieron los hechos- nadie hizo nada por atenuarla. Hasta 24 horas después de el accidente, cuando, sorprendentemente, los servicios municipales atendieron las quejas que durante meses ignoraron o, a lo sumo, resolvieron con la plantilla prevista para estos casos. "No se preocupe. Gracias por avisarnos. Su propuesta está en fase estudio". Y así, hasta la eternidad. O casi.

La zona del Cerro del Águila donde se produjo la muerte de Chelo, que es el nombre de la víctima, estaba manga por hombro desde hace meses como consecuencia de las obras que el Consistorio adjudicó, dentro del programa de inversión en barrios, a una empresa privada. Unos trabajos que, al igual que ocurre en otras muchas partes de Sevilla -el Plan de Barriadas sólo está ejecutado en un 50%, cuando ya debería haberse terminado-, iban con un retraso más que notable y que, no se sabe todavía muy bien la razón, provocaron la eliminación de todas las señales viarias, salvo el exiguo paso de cebra en el que murió la funcionaria. Cosa que tenía desde hace meses en vilo a cualquiera que pasara por allí. Extrañaba, al ciudadano normal, que el municipio no se hubiera ocupado de sustituir los semáforos -que fueron primero retirados y después reinstalados, pero nunca encendidos- por otro tipo de advertencias para los vehículos de circulan por la zona, gran parte de ellos camiones en dirección a las áreas industriales que rodean a Hytasa.

La versión oficial del gobierno local es, como desgraciadamente viene ocurriendo desde hace tiempo, otra disculpa. Pura justificación formal: las obras, en realidad, sostienen en Plaza Nueva, eran responsabilidad de la empresa adjudicataria, que era la que, por así decirlo, ejercía una especie de virreinato no sometido a control alguno. El Consistorio, aparentemente, se limitaba a dejar hacer -lo cual ya es grave- o, en todo caso, a emitir comunicaciones internas que no terminaban de servir para nada. Aunque algunos busquen ahora esos documentos para escurrir el bulto. El mismo patrón de siempre: derivar las culpas.

lamentos tardíos

Porque lo cierto es que este caso vuelve, como ocurriera ya en el affaire del Bazar España o con la muerte del celador de la calle Isaac Peral, a poner patas arriba la operativa de la administración local, desgraciadamente con otra persona muerta encima de la mesa de discusión política. Ahora todos son lamentos y actos de contricción, como enviar después de la tragedia a la Policía Local -molesta porque el alcalde quiere ponerla a regular el tráfico; esta actividad, tan poco reconocida justo por quienes deben ejercerla, aquí habría servido quizás para salvar una vida- o dar electricidad a un simple semáforo. ¿Qué es lo que había que estudiar? ¿Cómo pelar el cable del regulador semafórico? En una semana en la que Monteseirín vuelve a pregonar sus grandes proyectos como si fueran nuevos -son los mismos de hace nueve años- e IU se muestra satisfecha de la gestión del lustro de cohabitación con el PSOE, que no se hiciera algo tan sencillo como responder a múltiples quejas ciudadanas resulta obsceno. Y quiebra uno de los ejes del propio pacto de gobierno local: "mejorar la eficacia de los servicios municipales para lograr mayor proximidad con los sevillanos". Queda hermoso sobre el papel. Pero lo cierto es que a los ciudadanos hay quien se empeña en no oírlos o les responden como los contestadores de los teléfonos de atención al cliente. Esa frustración de intentar hablar con una máquina. Construir una gran ciudad también consiste en que los semáforos funcionen. En que la gente no muera al ir a trabajar.