Ninguno de los 22 jueces de Primera Instancia de Sevilla se ofrece voluntario para cumplir el plan de urgencia propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la avalancha de pleitos por la reclamación de las cláusulas suelo y que consiste básicamente en que un juzgado de cada provincia asuma de forma "exclusiva y no excluyente" estas demandas.

La junta de Jueces de Primera Instancia de Sevilla, reunidos el martes, ha alcanzado un acuerdo en el que interesa la retirada de la propuesta del máximo órgano de gobierno de los jueces, que tildan de "descabellada, oportunista y peligrosa" y que, a su juicio, colapsará aún más la jurisdicción Civil, ya que cifran en torno a las 7.000-8.000 demandas por cláusulas abusivas las que podrían corresponder a ese único órgano judicial.

Los jueces argumentan que el plan del CGPJ es oportunista porque "un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la Primera Instancia civil propicia llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza", recordando la "máxima avalancha" de asuntos que han recibido como consecuencia de los efectos de la crisis económica.

Pero es que además, los jueces de Sevilla entienden que la propuesta es "peligrosa", por cuanto "parece querer imponer una unificación de criterios en la aplicación de la doctrina jurisprudencial referidas a las cláusulas abusivas, como se desprende del tenor" del acuerdo del CGPJ, que señala que el plan "permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos".

Dicen los jueces de Primera Instancia que igualmente el Consejo podría "reconsiderar su propuesta asumiéndose nuevamente la competencia de estas cuestiones por el órgano jurisdiccional que asumía la competencia jurisdiccional hace un año: los juzgados de lo Mercantil".

Además, recuerda la carga de trabajo que ya asumen los órganos de Primera Instancia "sin la avalancha previsible" de demandas de cláusulas suelo. Así, explican que en 2015, cada uno de los 22 juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Sevilla conoció una media de 2.035 asuntos, lo que supone un 130% más de asuntos de la carga considerada como adecuada, y en 2016 fue del 119% más sobre el módulo racional de entrada.

En 2016, el numero de demandas relativas a cláusulas abusivas alcanza los 1.959 asuntos y la tendencia, "sin esperar la avalancha previsible, es que la demandas de esta naturaleza supongan, al menos, 3.900", cifra a las que habría que añadir las que entrarán como consecuencia de la aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha declarado la retroactividad total del dinero cobrado por los bancos en aplicación de las cláusulas suelo.

Para los jueces de Sevilla, aunque el juzgado que asumiera la competencia exclusiva fuese reforzado con uno o varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT), "debería asumir lo inasumible por colapso, cifras de al menos entre 7.000 o 8.00 demandas" de esta naturaleza.

Con estas cifras, prosigue el acuerdo de los jueces, "no sería posible conceder la tutela judicial efectiva en tiempo", lo que tendría resultados contrarios a los que pretende el plan de urgencia: "se dictarían sentencias tras el transcurso de varios años, incluso no se lograrían acuerdos entre las partes, con la consiguiente ineficiencia que se atribuiría a la Administración de Justicia, a los juzgados, en suma, una vez más".

Los jueces recuerdan que los asuntos de cláusulas suelo tienen una tramitación "compleja", dado que tras el trámite escrito, hay que celebrar una audiencia previa y después el juicio, con la práctica de la prueba, y aun cuando se refuerce el juzgado con varios JAT, este órgano "no lograría asumir la entrada de asuntos de esta naturaleza, tal y como sucedió con la anterior competencia en la materia de los juzgados de lo Mercantil".

El plan, propone la junta de jueces de Primera Instancia, debería contar con "funcionarios de refuerzo", así como con "espacios en las secretarías y salas de vistas, con los que desarrollar en condiciones dignas el plan de urgencia".

La negativa de los jueces a ofrecerse para asumir la competencia se justifica en que tras el desarrollo del plan previsto, el juzgado "sufriría una situación de colapso de muy difícil solución", y añade que la solución al problema previsible y los "perjuicios" que supondrá, pasa por la retirada del plan y la “creación de nuevos juzgados de Primera Instancia y no de simples refuerzos”.

El plan de urgencia del CGPJ

La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.

El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, de modo que los juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.

Además, entiende que las medidas propuestas contribuirían a "aumentar la confianza del ciudadano en los tribunales al darle un servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia".