Los jueces de Primera Instancia de Sevilla han acordado este jueves en una junta convocada para unificar criterios en torno a los procedimientos por desahucio que a partir de ahora analizarán “caso por caso” si hay cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecuciones hipotecarias relacionados con la vivienda habitual.

El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha explicado que en la junta de jueces de Primera Instancia, a la que han asistido la mayoría de los 22 magistrados de esta jurisdicción, se ha acordado este análisis “caso por caso” hasta que entre en vigor la reforma de las ejecuciones hipotecarias, lo que podría conllevar incluso la suspensión cautelar de los lanzamientos –la acción de expulsar a una persona de un inmueble por orden judicial- e incluso del procedimiento de ejecución hipotecaria, todo ello siempre que los solicite previamente alguna de las partes.

El magistrado aclaró que, según este acuerdo adoptado por la junta de jueces de Primera Instancia para tratar de unificar criterios en torno a los desahucios, sería posible en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria que el juez determinara si existen cláusulas abusivas sin necesidad de acudir a un procedimiento distinto, por lo general un juicio declarativo, y mientras tanto se podrían adoptar esas medidas cautelares de suspensión de los lanzamientos y de las ejecuciones hipotecarias, puesto que hay “muchas posibilidades”.

La reunión de los jueces se prolongó por espacio de una hora y media en la que hubo un debate intenso entre los magistrados que se encargan a diario de estos procedimientos y en los que se plantearon numerosas propuestas.

El decano subrayó que la reunión demuestra no sólo la “preocupación” de los jueces ante el problema social de los desahucios, sino también su interés por “realizar bien su trabajo”, ya que los jueces de Primera Instancia son quienes conocen los procedimientos hipotecarios y el drama que hay detrás de los mismos.

En la junta de jueces se ha analizado tanto el decreto ley de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sentenció que la legislación española sobre los desahucios vulnera la normativa comunitaria.