La mesa de contratación constituida por el Ayuntamiento de Sevilla para resolver el concurso público convocado para adjudicar los trabajos de exhumación de los cadáveres de la fosa de Pico Reja del cementerio de San Fernando, donde descansarían los restos de 1.103 personas represaliadas por el franquismo, ha excluido a una de las dos empresas que pujaron por el contrato en cuestión, según informa Europa Press.

Un acta de la mesa de contratación, fechada el 30 de agosto, refleja que tras ser licitado el contrato a principios de julio por algo más de 1,2 millones de euros, concurrieron al concurso público dos propuestas promovidas por Aranzadi Sociedad de Ciencias y por la unión temporal de empresas (UTE) constituida entre las sociedades Trabajos Catastrales y TCA Cartografía y Geomática, entidad esta última que el pasado 15 de julio “acordó la ampliación del objeto social para dar cobertura a las prestaciones del contrato, sin que conste acreditación de inscripción de dicha modificación en el Registro Mercantil”.

“No pueden estimarse las pretensiones de TCA Cartografía y Geomática de admitir la documentación aportada en periodo de subsanación, consistente en la ampliación del objeto social para dar cobertura a las prestaciones objeto de contratación, puesto que si bien dicho acuerdo fue adoptado antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, no cumplía con el requisito de inscripción en el Registro Mercantil que exige la normativa vigente”, zanja el acta de la mesa de contratación, que resuelve excluir del procedimiento a la propuesta de la UTE Trabajos Catastrales/TCA Cartografía y Geomática, por “no acreditar la concurrencia de la capacidad de obrar exigida para la realización del objeto del contrato en la fecha final de presentación de ofertas”.

Aranzadi Sociedad de Ciencias es la empresa que sigue adelante en el concurso público

El proceso de licitación, así, continúa adelante únicamente con la oferta de Aranzadi Sociedad de Ciencias, que afronta su “análisis y comprobación de los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas de carácter particular”.

Según historiadores como José Díaz Arriaza, la fosa de Pico Reja podría acoger los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, figurando entre las víctimas miembros de la corporación municipal de la época, algunos alcaldes e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936.

Los resultados de la investigación inicial de aquella fosa, encargada por el Ayuntamiento de Sevilla a la empresa TCA Geomática, están plasmados en una memoria de intervención que corrobora “tanto las noticias escritas como orales sobre la existencia de la fosa con restos de personas enterradas tras el golpe militar de 1936”, pues la fosa en cuestión constituye un depósito “colectivo” de cadáveres enterrados sin ataúdes y sin que la posición de los cuerpos se atenga a “los rituales funerarios habituales”.