El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a siete meses de prisión al alcalde de Marinaleda y parlamentario andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, y al líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero (SAT), por un delito de desobediencia grave a la autoridad en relación con la ocupación en julio de 2012 de la finca militar de Las Turquillas, en Osuna. La sentencia también les impone a ambos una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble y les condena a que indemnicen con 485,84 euros al Ministerio de Defensa por daños y perjuicios y con otros 274,76 euros por los gastos de limpieza de la zona.

El fallo condena a otros dos jornaleros a la misma pena de cárcel y a otros tres a pagar la multa por usurpación, y absuelve al resto de los implicados, otras 49 personas de todos los delitos.

La sentencia recoge como hechos probados que el 24 de julio unas 500 personas convocadas por el SAT irrumpieron en la finca militar portando una pancarta con la siguiente leyenda: "Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad. ¡Movilízate! Las Turquillas para los trabajadores".

Los manifestantes levantaron un campamento, formado por unas chozas de cañas y varias tiendas de campaña, y se negaron a levantarlo a pesar de que el capitán de la Guardia Civil les recordaba "diariamente" la necesidad de desalojar la finca y les decían que estaban "cometiendo un delito".

El tribunal considera que la negativa de Gordillo y los otros tres sindicalistas a abandonar la finca fue "rotunda y contumaz", y concluye que "la tozudez y resistencia a ultranza al cumplimiento voluntario del requerimiento judicial atacaba al funcionamiento normal de las funciones públicas, por lo que la única solución legal era proceder por vía forzosa con las obligaciones legales correspondientes". El desalojo se produjo finalmente el 8 de agosto, después de la Guardia Civil les notificara el auto judicial que lo ordenaba.

Sánchez Gordillo tildó ayer la sentencia de "auténtica barbaridad" y aseguró que este fallo no va a evitar que tanto él como otros miembros del SA) sigan ocupando fincas sin explotar. Cañamero, por su parte, insistió en que les han condenado por reivindicar el uso social de la finca militar Las Turquillas, lo que asegura que ha pedido el Senado, el Parlamento andaluz, la Diputación de Sevilla y varios ayuntamientos.