El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado que se abra una investigación penal para tratar de esclarecer la presuntas irregularidades detectadas en la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Sevilla a finales de 2003 para elegir al nuevo director del Instituto del Taxi, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

Los supuestos delitos fueron detectados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal a la hora de resolver un recurso que había presentado el Consistorio contra una sentencia que dio la razón al sindicato CCOO y decidió anular el anuncio que se publicó en la prensa relativo a la convocatoria de este puesto de alta dirección.

El juez de lo Contencioso que abordó en primera instancia la demanda del sindicato dictó una sentencia en la que anuló dicho anuncio porque en el mismo se habían modificado, "por el Instituto del Taxi", los requisitos de para acceder a la plaza. La convocatoria del Ayuntamiento realizada el 11 de diciembre de 2003 especificaba entre los requisitos que el candidato tenía que ser licenciado en Derecho y contar con experiencia en el sector del transporte y en el ámbito de la gerencia. En cambio, el anuncio que apareció en los periódicos modificaba algunos de esos requisitos: sólo se exigía un título de grado medio y se valoraría la experiencia en el sector del transporte.

El sindicato demandante consideraba que al no exigir el título superior se podría estar incurriendo en una "desviación de poder", con el objetivo de "contratar a quienes habían sido seleccionados". El juzgado de lo Contencioso consideró que la alteración de la resolución de la convocatoria en la publicación "implica la existencia de desviación de poder".

En ese anuncio, también se modificó la fecha de la resolución del Consistorio, "una alteración que no se ha justificado", según destaca la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictada en mayo pasado.

Para los magistrados, la alteración del concurso llevada a cabo a la hora de proceder a la publicación de la oferta de la plaza, al haber cambiado los requisitos recogidos en la convocatoria "podría ser constitutiva de delito, al modificarse la resolución en la remisión para su publicación, para favorecer el nombramiento de personas que carecían de los requisitos inicialmente exigidos".

En consecuencia, el Alto Tribunal andaluz, una vez analizado el recurso del Ayuntamiento, acordó la "deducción de testimonio" al Juzgado de Instrucción de Sevilla que corresponda por turno para "dilucidar las posibles responsabilidades penales en que se hubiera podido incurrir".