Sevilla

Torrijos afirma que las acciones judiciales de Mercasevilla aclararán el papel de la Junta en el ERE

  • Si el procedimiento prospera, el Banco Vitalicio y Vitalia Vida "tendrán que decir por qué no abonan estas pólizas o decir que las firmaron sin garantías ningunas".

Torrijos asegura que las acciones judiciales de Mercasevilla aclararán el papel de la Junta en el ERE de 2007

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ha asegurado que la inclusión del Banco Vitalicio y Vitalia Vida en las acciones judiciales acordadas por la compañía, participada por el Ayuntamiento y Mercasa, para reclamar el cumplimiento de los "compromisos de pago" que rodean al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 supone sólo la "primera medida de un procedimiento escalonado" que, finalmente, "clarificará" el papel real de la Junta de Andalucía en la financiación de las prejubilaciones acordadas.

Torrijos, también candidato a la Alcaldía hispalense, reflexionó sobre el conflicto que azota a la sociedad mixta al haberse desligado el gobierno andaluz de la financiación de las prejubilaciones pactadas en virtud del citado ERE, al que se acogieron unos 40 trabajadores que ahora ven en el aire sus nóminas. El colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007, de hecho, cobra sus nóminas a través de contratos de préstamo librados mensualmente por la propia empresa con la renuncia expresa a todos los derechos por parte de los beneficiarios, dado que el pronunciamiento de la Junta supuso la paralización del abono de estas nóminas.

A tal efecto, Torrijos recordó que la comisión ejecutiva de la sociedad mixta acordaba recientemente incluir a Vitalia Vida - consultora que gestionó las prestaciones-, y a la división aseguradora del Banco Vitalicio, que avaló las correspondientes pólizas, en estas acciones judiciales encaminadas al cumplimiento de los compromisos de financiación del expediente de regulación de empleo de 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como mayor losa financiera de la empresa, al desligarse la Consejería de Empleo del pago de estas prestaciones. 

La sociedad mixta, de hecho, se ha visto obligada a someterse a una reducción de capital previa a una ampliación al objeto de evitar una posible causa de disolución, pues al margen del pasivo derivado del ERE, Mercasevilla cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros.

Mientras el comité de empresa reclama a la directiva de Mercasevilla que incluya a la Junta de Andalucía en sus acciones judiciales, el vicepresidente de la compañía advirtió de que la inclusión de la división aseguradora del Banco Vitalicio y de Vitalia Vida en estas actuaciones es sólo una "primera medida de un procedimiento escalonado" que "conducirá a la clarificación de los compromisos de las distintas administraciones, especialmente de la Junta, con el ERE".

Y es que en el marco de este procedimiento judicial, si finalmente prospera, el Banco Vitalicio y Vitalia Vida "tendrán que decir por qué no abonan estas pólizas o decir que las firmaron sin garantías ningunas", dijo Torrijos, advirtiendo de que este último extremo constituye "un delito". Así, auguró que ante la instancia judicial que corresponda ambas entidades "tendrán que decir lo que fue cierto", en referencia a si las prestaciones "estaban avaladas o garantizadas por la Junta de Andalucía", que en todo momento se ha desvinculado del pago de estas prestaciones.

De cualquier manera, el primer teniente de alcalde recordó que la posición de IU parte de la premisa de que "no era posible ese ERE si la Junta no hubiera dicho que sí", toda vez que "hay documentación que, efectivamente, apunta que hubo responsables de la Junta que suscribieron las pólizas".

Ya el pasado 2 de junio, el comité de empresa de Mercasevilla hizo público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración autonómica se comprometía a abonar 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía.

En ese documento, cuya validez jurídica niega el gobierno andaluz, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante Vitalicio Seguros -compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones- su "conformidad" a la suscripción de una póliza para ocho ex trabajadores de la sociedad mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de julio de 2008 1.891.637,83 euros.

Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones. La cuantía y las fechas de pago, además, coincidían con una de las partidas que, según otro documento de Vitalicio Seguros, se esperaba del gobierno andaluz para sufragar las prestaciones de varios de los aproximadamente 40 pre jubilados del ERE. 

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