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El Defensor del Pueblo exige a Tussam que responda al recurso de los opositores

  • Jesús Maeztu recuerda al Ayuntamiento que la ley le obliga a responder y que ha pasado más de un año desde que, en agosto de 2018, presentaron un recurso de alzada 25 aspirantes al concurso oposición 

Opositores a Tussam en 2016 en Fibes.

Opositores a Tussam en 2016 en Fibes. / José Ángel García

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla, socio único de la empresa municipal de transportes (Tussam), que “sin más dilación”, conteste los recursos de alzada promovidos en agosto de 2018 por 25 aspirantes al concurso oposición celebrado.

En una resolución fechada el pasado 22 de enero y recogida por Europa Press, el departamento de Jesús Maeztu aborda una queja sobre las incidencias detectadas en el concurso oposición celebrado en el verano de 2018 por Tussam, para seleccionar a 200 personas para su nueva bolsa de empleo.

La prueba teórica inicial de aquel proceso selectivo, encargado a una empresa externa, estuvo marcada por la anulación de 20 preguntas tras detectarse que 17 de ellas no se ceñían al temario y tres más eran erróneas, decidiendo el tribunal de la oposición descartarlas y validar la celebración del test aunque sin estas preguntas.

Igualmente, habrían pesado otras incidencias como el supuesto incumplimiento de la medida de solicitar la identificación acreditativa a cada uno de los más de mil aspirantes que concurrían a la prueba, según se denunciaba entonces.

El proceso selectivo fue objeto de 190 alegaciones por parte de los opositores, 233 de los cuales aprobaron las pruebas, mientras el sindicato CSIF promovió diferentes protestas en demanda de la repetición del concurso oposición, anunciando finalmente denuncias individuales y colectivas ante la Fiscalía para que fuesen investigadas las “irregularidades” detectadas en el proceso selectivo.

El alcalde, no obstante, explicó que las 20 preguntas anuladas en el citado examen tipo test sólo constituían un 20% del total de la prueba, y sólo sería “obligatorio” repetirla si el número de preguntas anuladas alcanzase el 30% del total de preguntas del examen. Pues bien, la citada queja está promovida por 25 opositores que concurrieron a este proceso selectivo por la “falta de respuesta” del Ayuntamiento a sus recursos de alzada.

Según esta resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, ante dicha queja por la presunta “falta de respuesta” a estos recursos de alzada, la institución solicitó información al respecto al Ayuntamiento mediante dos escritos remitidos en mayo y julio de 2019 y “ante la persistencia de la falta de respuesta”, en octubre de ese año dicha petición fue reiterada vía telefónica, “sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna”.

Según Maeztu, “más de un año después” de los recursos de alzada de los opositores, no consta que “se haya notificado a los interesados respuesta alguna”, lo que implica un incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que obliga a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos.

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