El enfrentamiento político y laboral de las delegaciones municipales de Urbanismo y Movilidad para dirimir la responsabilidad administrativa en el caso de la mujer fallecida en la avenida de Hytasa dio ayer una vuelta de tuerca más. El informe remitido por el Consistorio al juzgado de instrucción número 19 de Sevilla que investiga el caso detalla que, según la normativa municipal vigente, la colocación y el funcionamiento de los semáforos provisionales en caso de obras de urbanización depende de la empresa adjudicataria. Éste sería el caso, ya que el tramo donde se produjo el atropello mortal todavía no ha sido recepcionado después de que Urbanismo adjudicara el verano pasado esta actuación, incluida en el Plan de Barrios, a la empresa Aguilera Nogales. De hecho, la empresa fue conminada a poner en funcionamiento los semáforos provisionales tanto de modo verbal como por escrito.

Este último apunte arroja luz al cruce de acusaciones que Movilidad y Urbanismo han protagonizado después del atropello mortal a cuenta de informes internos sobre responsabilidad en el funcionamiento de los semáforos. La conservación e instalación de éstos sí recae en Movilidad, excepto en caso de señalización provisional por obras.