La sentencia del Tribunal Constitucional no supone el fin del caso Iván y Sara, puesto que la representación jurídica de Carmen Fernández mantiene abiertas otras tres vías judiciales en las que se reclaman igualmente indemnizaciones millonarias.

Una de las causas pendientes está en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde la defensa presentó una reclamación patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración autonómica, a la que se reclama una indemnización de más de dos millones de euros. El letrado explicó que en este pleito, que está en fase de conclusiones, habrá que restar parte de la indemnización concedida por el Tribunal Constitucional, en los aspectos que puedan coincidir.

El segundo litigio ha sido admitido a trámite recientemente por el Tribunal Supremo y en el mismo se reclama el error de la Administración de Justicia por la retención indebida entre mayo de 2006 y mayo de 2007 de la indemnización concedida por la Audiencia de Sevilla, desde que se acordó su entrega hasta que el Tribunal Constitucional avaló la decisión del juez de Familia de paralizar cautelarmente la entrega del dinero, al exigir a la madre que prestara una fianza por el importe total de la compensación.

La tercera vía que mantiene abierta el letrado de Carmen Fernández está en la Audiencia Nacional, órgano ante el que se ha presentado una reclamación patrimonial por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, ante la excesiva dilación de un proceso judicial que se ha prolongado durante diez años y en el que la madre biológica ha logrado hasta once sentencias favorables sin que haya podido recuperar a sus hijos menores.

Gabriel Velamazán recordó ayer que a Carmen Fernández "no le importaba absolutamente nada" el hecho de ganar una sentencia ni el dinero, porque "tenía problemas muchos más graves". La última vez que le comunicó que había logrado un nuevo triunfo en los tribunales, la madre de los menores se limitó a decir "Bueno, ¿y para qué?", reveló Velamazán.

El letrado confió ayer en que la Administración autonómica tome buena nota del fallo del Tribunal Constitucional, porque "así no se puede gestionar el sistema de protección de menores". Al ser preguntado por la responsabilidad de lo ocurrido, el letrado no dudó en afirmar que "la responsabilidad directa es de la Junta, después han fallado todos los mecanismos", concluyó.