Una denuncia de una mujer por presuntas amenazas y acoso de su ex pareja lleva dos años paralizada por culpa de la "burocracia" judicial, dado que en este tiempo sólo se ha tomado declaración al acusado y a un testigo porque los cinco juzgados por los que ha pasado el caso no se ponen de acuerdo sobre quién debe asumir la investigación de los hechos.

La controversia jurídica se produce porque la mujer aseguró que el supuesto autor de las amenazas es su ex pareja, mientras que éste asegura que sólo eran amigos y no formaban una pareja. En función de cómo se considere la relación que mantenían la investigación de la denuncia corresponde a un juzgado de Instrucción o a los específicos de Violencia sobre la Mujer, si se entiende que eran compañeros sentimentales.

La primera denuncia se remonta al 11 de febrero de 2006, cuando la mujer acudió al juzgado de Guardia para declarar que su ex novio le había seguido con su moto al salir del trabajo y había propinado varias patadas a su coche.

El juzgado de instrucción número 6, que estaba de guardia, incoó unas diligencias previas y remitió la causa al juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, que abrió otras diligencias pero que no localizó al denunciado hasta noviembre de 2006, fecha en la que declaró como imputado. El denunciado dijo que era sólo "amigo" de la chica y que se veía frecuentemente con ella, por lo que el juzgado de Violencia se inhibió de conocer el asunto y lo remitió al juzgado de Guardia, entonces el Instrucción número 4, que volvió a incoar un procedimiento y lo remitió a reparto, recayendo la causa en el juzgado de Instrucción número 17. Este nuevo órgano, a su vez, se desentendió de las actuaciones, que acabaron por antecedentes en el juzgado de Instrucción número 6, que en marzo de 2006 no aceptó la causa y la devolvió a los órganos de Violencia de sobre la Mujer.

El decanato intervino para trasladar el proceso al juzgado de Violencia número 3, que se inhibió en favor del número 1, y éste devolvió la causa, otra vez, al juzgado de Instrucción número 6 para que planteara una cuestión de competencia que hoy debe deliberar la Audiencia Provincial.

Durante estos dos años, la víctima y el supuesto agresor se han cruzado, al menos, otras cinco denuncias, algunas de las cuales han acabado en condena por una falta de malos tratos y coacciones, o en la absolución del acusado.