Más órdenes de protección para una lacra que sigue aumentando. Los jueces de Sevilla acordaron en 2013 un total de 829 órdenes de protección para las víctimas de violencia de género, lo que supone un leve incremento del 2% con respecto a las medidas acordadas el año anterior. Estas cifras representan que cada día se han concedido en Sevilla una media de dos órdenes de protección a mujeres que han denunciado casos de presuntos malos tratos.

Además, el número de víctimas de violencia machista que se han beneficiado en la provincia de las actuaciones de apoyo y seguimiento de su situación a través del Punto de Coordinación de órdenes de Protección de la Junta aumentó un 10% el pasado año.

Según los datos facilitados por la Consejería de Justicia e Interior, que gestiona este servicio, el pasado año fueron 362 las mujeres -32 más de que en el año 2012- que se beneficiaron en Sevilla de los seguimientos que se realizan a través del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y del Instituto de la Mujer (IAM) para prestarles el apoyo necesario a lo largo de todo el procedimiento judicial que se sigue contra los agresores y facilitarles todas las prestaciones sociales y ayudas que requieran.

En los cinco primeros meses de 2014, de enero a mayo, el Punto de Coordinación de la Junta ha tramitado 399 procedimientos de protección de víctimas de la violencia de género en la provincia de Sevilla.

El Punto de Coordinación de Órdenes de Protección se encarga fundamentalmente de gestionar las medidas cautelares de alejamiento de los agresores y órdenes de protección de víctimas de la violencia de género que acuerdan los juzgados.

Este órgano, el primero con un funcionamiento telemático que se puso en marcha en España, garantiza la comunicación inmediata de la orden de protección sin interrupción todos los días del año, las 24 horas del día, a las instituciones que ofrecen protección social a las víctimas favoreciendo su acceso a los servicios y recursos especializados de atención y asistencia.

Además de la tramitación de las órdenes de protección, el Punto de Coordinación gestiona el seguimiento de las intervenciones en materia de asistencia y protección social que se llevan a cabo con las víctimas. Desde su creación en el año 2009, el Punto de Coordinación de la Junta ha tramitado 4.281 procedimientos judiciales en la provincia de Sevilla, de los cuales aproximadamente más de la mitad son órdenes de protección y el resto, medidas cautelares de alejamiento de los agresores, principalmente.

Las órdenes de protección proporcionan a las víctimas una respuesta integral contra la violencia, al incluir en una única e inmediata resolución todas las medidas penales y civiles y activar al mismo tiempo todos los mecanismos de seguridad y protección social que ofrecen las distintas administraciones para estos casos.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, aseguró ayer que "la Junta aporta un recurso que garantiza la efectiva cooperación entre los distintos órganos judiciales y organismos públicos que intervienen en la protección de estas víctimas". Según De Llera, la orden de protección es la resolución "más contundente para proteger a una víctima de violencia de género, ya que permite aglutinar en un único acuerdo judicial medidas cautelares penales sobre el agresor para impedir nuevos actos violentos y medidas protectoras de índole civil y social que eviten el desamparo de las mujeres que sufren malos tratos".

La Consejería de Justicia e Interior, a través de la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, cuenta con otros servicios y recursos para la lucha contra este grave problema social, entre los que destaca el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA), que atendió a 1.488 personas en la provincia de Sevilla durante 2013, el 81,18% mujeres.

El SAVA es un servicio gratuito que presta una atención integral a las víctimas de delitos, ofreciéndoles apoyo jurídico, social y psicológico. En total, este servicio de la Junta realizó 10.297 actuaciones durante el pasado año en esta provincia, de las cuales 1.861 fueron de asesoramiento jurídico, 964 de ayuda social, 326 de apoyo psicológico y el resto de carácter genérico en diversos campos.