La Jefatura de la Policía Local ha decidido cambiar de unidad a ocho de los nueve agentes del grupo de Tráfico Motoristas que han sido citados a declarar como imputados por cohecho. El noveno policía que se ha visto involucrado en esta presunta trama de cobro ilegal de tasas no se verá afectado por este traslado, puesto que se jubiló el pasado verano.

Los jefes de la fuerza municipal de seguridad han abierto también un expediente disciplinario a cada uno de los imputados, si bien este parte está supeditado a la resolución judicial del caso. De esta forma, en el caso de que el procedimiento contra algunos de los agentes presuntamente implicados en la trama se archivara, la Jefatura también cerraría el expediente disciplinario sin aplicar ninguna sanción. En el supuesto de que el caso continuara adelante en los juzgados y hubiera alguna condena contra los policías, éstos también tendrían luego la correspondiente sanción por la vía del régimen disciplinario.

Por el momento, los responsables de la Policía Local no han tomado ninguna medida cautelar que suponga la suspensión de empleo o sueldo para los imputados o apartarlos temporalmente del servicio. Los jefes del cuerpo, que desde la llegada al gobierno del PP son dos, Juan José García y Gabriel Nevado, han optado por ser cautos y esperar a que la investigación judicial siga su cauce antes de tomar ninguna medida cautelar que pudiera perjudicar a los agentes en el caso de que se demuestre que no incurrieron en ningún delito. Fuentes municipales explicaron ayer a este periódico que la Jefatura está en todo momento respetando el principio de presunción de inocencia para no causar un juicio paralelo que pueda dañar más aún la imagen de los imputados.

Aunque no hay ningún protocolo ni reglamento establecido dentro de la Policía Local que indique a la Jefatura cómo deben actúar en estos casos, el cambio de unidad parece una medida lógica si se tiene en cuenta el ambiente que reina en el grupo de Motoristas desde que comenzaron a llegar las notificaciones del juzgado. Por la sede de Instrucción 8 han pasado más de 30 policías de esta unidad en calidad de testigos desde que se abriera la investigación, en junio de 2010, y la imputación de nueve agentes -ocho en activo- se ha traducido en el incremento de la tensión interna y de la desmotivación.

Todos serán cambiados de destino, salvo el mando que se jubiló el pasado verano y que recibió una condecoración la semana pasada en el día de San Clemente, sólo dos jornadas antes de que le llegara la notificación del juzgado de Instrucción 8 en la que se le cita a declarar como imputado. En el nuevo destino permanecerán al menos hasta que se aclare su presunta participación en la trama de cobro ilegal de tasas que investiga la juez Carolina Herencia.

A los nueve policías se les acusa en principio de recibir dinero a cambio de organizar servicios de escolta de grandes mercancías y otros trabajos que requerían la utilización de grúas del sector de la construcción. Por estos servicios el Ayuntamiento tiene reguladas una serie de tasas, que eran presuntamente cobradas por los policías sin que llegaran nunca a la Hacienda local.