El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) asegura que la presentación de la denuncia penal ante la Fiscalía en relación con el proyecto del edificio Centrius de la Universidad de Sevilla fue consecuencia de la "reiterada negativa de la Universidad a aclarar la adjudicación del contrato de arquitectura". De este modo, la denuncia "se interpuso después de un largo proceso, de más de seis años, en el que se intentó que se aclarase el asunto, en la vía administrativa y en el que ha sufrido todo tipo de obstáculos, recursos e impedimentos".

En un comunicado, el COAS puntualiza, ante las informaciones sobre la investigación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la adjudicación del proyecto del Centro Universitario de Espacios Tecnológicos (Centrius), que su reclamación sobre este edificio se inscribe en "la política de este colegio de contribuir a la defensa de los procedimientos legales, ejerciendo sus competencias en lo que se refiere a reclamar la obligación de que las administraciones adjudiquen los trabajos de arquitectura mediante concurso público, según lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, y porque impulsa la óptima calidad de la arquitectura".

En este sentido, el Colegio de Arquitectos recuerda que en 2010 publicó "un informe sobre el incumplimiento reiterado de la Ley de Contratos por las Administraciones Públicas, señalando que entre 2005 y 2009 se presentaron por este motivo 86 recursos, y sólo 24 fueron estimados por las entidades requeridas, por lo que el colegio se vio obligado a recurrir el resto ante los tribunales".

Además, agrega que el 29 de mayo de 2009, al conocer que se habían adjudicado "sin concurso público y abierto" los contratos para la redacción del proyecto y la dirección de obra del Centrius, el colegio reclamó al vicerrectorado que aclarase los hechos, "pero este organismo le denegó el acceso al expediente, por lo que se acordó en julio de 2009 interponer un recurso contencioso-administrativo para que se le tuviera por parte en dicho expediente, a los efectos de su posible impugnación".

Este contencioso culminó cuatro años más tarde en la sentencia del TSJA del 28 de enero de 2013, que condenó a la Universidad de Sevilla a entregar al Colegio de Arquitectos todo el expediente administrativo del procedimiento de contratación cuestionado, un expediente que "aún hoy no ha sido entregado al Colegio por la Universidad de Sevilla", por lo que el COAS mantiene la reclamación en esta jurisdicción.

El colegio profesional explica que la construcción de la primera fase del edificio se adjudicó el 3 de junio de 2009, con un pliego de prescripciones técnicas que incluía los honorarios por la redacción del correspondiente proyecto de ejecución, por 580.000 euros. Además, el 14 de octubre de 2009 el Vicerrectorado de Infraestructuras, del que entonces era titular el actual consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, "encargó la dirección de obra, por adjudicación directa a los autores del proyecto de ejecución", siendo el importe de 108.170 euros.

El COAS presentó el 27 de marzo de 2015 ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia por la adjudicación de estos contratos de arquitectura, proyecto y dirección de obra para la construcción del Centrius, al objeto de ponerlo en conocimiento de la fiscalía. El COAS afirmaba en su denuncia que "se había producido una presunta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, que garantiza los principios constitucionales de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos e igualdad de trato entre los candidatos al adjudicarse contratos".