No es la primera vez que Alfredo Sánchez Monteseirín se ofrece como alcalde de Sevilla a indemnizar a víctimas de accidentes y sucesos a cargo de las arcas municipales antes incluso de que los afectados hubiesen reclamado pago alguno bien en la vía administrativa, bien en la vía judicial, por la supuesta responsabilidad patrimonial del Consistorio. Anteayer lo volvió a hacer aludiendo al concepto de responsabilidad objetiva, la misma figura jurídica utilizada en los casos del Bazar España y de una niña apedreada en El Vacie. "Actuaremos de oficio, sin que nadie nos lo pida", remacha el regidor, que se reserva, eso sí, la potestad para decidir en qué casos aplica este criterio conciliador y en qué casos no, independientemente de que exista responsabilidad subjetiva por parte de algún servicio municipal.

El atropello de Consuelo González Gutiérrez, la funcionaria que murió el miércoles de la semana pasada en Hytasa en un paso de cebra que llevaba seis meses con los semáforos apagados, ha despertado el instinto dadivoso del alcalde al anunciar una indemnización que será camuflada bajo el epígrafe de ayuda solidaria para darle cobertura legal. Sucedió así en el derrumbe del muro del Bazar España en la Nochevieja de 1998, que causó la muerte de cinco personas, y que se situó entre los primeros sucesos tenidos en cuenta por el regidor para ofrecer el pago de una cantidad económica a los familiares de las víctimas que se hizo efectivo antes de que se celebrara el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a cuatro funcionarios de Urbanismo. La indemnización a las familias -algo más de 72.000 euros en concepto de "ayuda solidaria"- se libró mucho antes de que se dictara una sentencia y sin que se acreditara la existencia del nexo causal entre la actuación de los funcionarios de Urbanismo y el derrumbe del citado muro. Además, el juez no entró en el fondo del asunto relativo a las responsabilidades debido al acuerdo que alcanzaron los abogados para indemnizar a los familiares con otros 270.000 euros, lo que motivó la absolución de los imputados al retirarse todos los cargos contra ellos.

La decisión del alcalde de resarcir económicamente a las víctimas abrió entonces una crisis de gobierno con el PA, socio minoritario del PSOE, e incluso un concejal andalucista, Mariano Pérez de Ayala, acabó dimitiendo.

El alcalde también se adelantó a los hechos en octubre de 2005 en el caso de la niña que resultó apedreada dentro del vehículo que conducía su padre por un grupo de menores cuando circulaba junto al asentamiento chabolista de El Vacie. Tres días después del suceso, Monteseirín compareció ante los periodistas para anunciar que "no me voy a resistir a indemnizar a esas personas", e incluso basó su ofrecimiento en que "más allá de la responsabilidad administrativa está la responsabilidad institucional solidaria". En este sentido, apreció que "el Consistorio no va a escudarse en hablar de competencias administrativas, seguridad ni de que se pueda culpar a la Policía o al Ayuntamiento".

Este caso despertó recelos en su entonces socio minoritario de gobierno, IU, cuya portavoz, Paula Garvín, llegó incluso a dudar del anuncio del alcalde: "No habrá querido decir eso, sino que ha sido una respuesta en un momento de conmoción de la familia". Garvín recordó que las competencias sobre chabolismo son de la Junta de Andalucía. Los padres de la niña apedreada reclamaron al Ayuntamiento el pasado año el pago de 35.400 euros por las lesiones y secuelas que sufrió la menor como una indemnización planteada en el plano legal como una responsabilidad patrimonial del Consistorio previa a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Un mes más tarde, en cambio, el Ayuntamiento se negó a pagar una indemnización a los padres de un niño que falleció ahogado en 2000 al caer por un hueco entre dos plataformas de hidropedales unidas de modo ilegal por el dueño de la empresa Pedalquivir. La negativa del Consistorio venía avalada por un informe de los servicios jurídicos que consideraba que no había ninguna relación causal entre la actuación de la Administración pública y el daño producido.

Esta misma postura, avalada por los tribunales, sirvió también para dar la espalda a los familiares del celador asesinado a las puertas del albergue juvenil a manos del patriarca de una familia de El Vacie realojada en las instalaciones. La familia de la víctima reclamó el pago de 300.000 euros de indemnización a Ayuntamiento y Junta de Andalucía "por tener pleno conocimiento de las circunstancias conflictivas y peligrosas" que motivaron el realojo, argumento que fue desestimado por el juez al estimar que no cabe responsabilidad civil subsidiaria al producirse el asesinato en la vía pública.

Uno de los últimos casos de indemnización ofrecida por el alcalde ocurrió en verano de 2006, cuando un joven resultó herido grave por la caída de la rama de un árbol en los jardines de Catalina de Ribera.