DIRECTO Madrugá Sevilla en directo | Semana Santa 2024

Previsión El tiempo en Sevilla para este Viernes Santo

tribunales | acaba la instrucción por la venta y desmantelamiento de la antigua jefatura de la cartuja

La juez sienta en el banquillo a dos policías locales por el expolio de Detea

  • Hay nueve procesados entre trabajadores municipales y chatarreros.

  • El Ayuntamiento ha sido declarado responsable civil subsidiario y la empresa reclama un millón de indemnización.

La imagen muestra el estado en que el Ayuntamiento entregó en 2012 los edificios de la Cartuja a la empresa Detea, con cuantiosos destrozos.

La imagen muestra el estado en que el Ayuntamiento entregó en 2012 los edificios de la Cartuja a la empresa Detea, con cuantiosos destrozos. / M. G.

Un intendente de la Policía y un agente se sentarán en el banquillo de los acusados para responder de delitos de hurtos y daños en relación con el expolio en el edificio de la antigua sede de la Jefatura de la Policía Local en la isla de la Cartuja, que fue vendida a la empresa Detea.

La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha dictado el auto de apertura de juicio oral por este caso, que pone fin a una instrucción judicial que se ha prolongado durante más de cinco años y en la que ha decidido que sean enjuiciados nueve acusados: dos miembros de la Policía Local de Sevilla, el cuñado de un agente, dos trabajadores municipales con funciones de electricista, y cuatro chatarreros.

En el auto, la instructora ha impuesto una fianza total de 6.604 euros a los nueve procesados -en cantidades que oscilan entre los 300 y los 1.768 euros-, pero lo más importante es que ha declarado al Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil subsidiario "de las cuantías en las que puedan ser condenados los empleados del mismo y acusados en este procedimiento", señala la resolución judicial, que remite el sumario a los Juzgados de lo Penal de Sevilla para su enjuiciamiento en los próximos meses.

La empresa Prodetea, que ejerce la acusación particular, había solicitado a la juez que requiriera al Ayuntamiento de Sevilla una fianza de 1.001.696 euros por la reparación de los daños causados en el edificio días antes de que le fuera entregado, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. Y pidió que el Consistorio haga frente a la indemnización dado el "protagonismo activo que en los hechos delictivos objeto de acusación tuvieron diversos trabajadores y funcionarios municipales en el ejercicio de sus respectivas funciones, que son causa y consecuencia directa de la lesión patrimonial sufrida".

En su escrito de conclusiones provisionales, la acusación particular de Prodetea reclama una condena de dos años de prisión y multa de 7.200 euros para cada uno de los nueve acusados por delitos de hurto y daños.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2012, cuando el Ayuntamiento de Sevilla y Prodetea suscribieron el acta de toma de posesión de la parcela SC-4 y del edificio C-3, "con todos sus accesorios y pertenencias", tras la escritura de compraventa otorgada en enero de 2008. Dice la empresa, que unos días antes, varios trabajadores del servicio de edificios municipales sometieron al edificio a un "programado y contumaz proceso de desmantelamiento", bajo la coordinación de uno de los acusados, el intendente de la Policía Local J. G. G., quien "dispuso de forma arbitraria y sin control que el personal municipal lo desmantelara o despojara de cuantas infraestructuras, accesorios, instalaciones y elementos estructurales útiles de los que dispusiese, que le conferían entidad y uso al edificio".

La acusación llega a calificar lo ocurrido de "pillaje" y "auténtica rapiña, puesto que se llevaron lo que servía y dejaron lo inservible", y destaca que, además de los elementos de carpintería y albañilería, se llevaron mamparas divisorias, placas del techo con perfiles metálicos, tubos, luminarias, enchufes, mecanismos de protección de cuadros, canaletas, cableados eléctricos, fluorescentes, accesorios de cuartos de baños, techos técnicos, aparatos de aire acondicionado, puertas de paso y, en general, "todo aquello que le pareció reutilizable al personal municipal que participó en tales labores".

Fue una "auténtica rapiña", se llevaron lo que servía y dejaron todo lo inservible

En ese expolio participó "en su propio beneficio" el policía local J.P.O., quien, con el "conocimiento y autorización" del intendente acusado, se concertó con un cuñado suyo para la venta de unas 500 taquillas, repartiéndose entre ambos los 1.768 euros que obtuvieron por dicha venta, sostiene la acusación.

Al intendente también se le atribuye haber ordenado "de forma injustificada" que el edificio quedara sin vigilancia desde el día de 10 junio, por lo que el policía y su cuñado acordaron con uno de los chatarreros imputados la venta del "derribo completo del edificio, y así entre los días 10 y 14 -un día antes de la entrega- se llevaron cuanto quisieron y dejaron el inmueble con "graves daños exteriores".

La acusación concluye asegurando que "la feroz depredación del edificio concluyó antes del 15 de junio", si bien el chatarrero intentó el día 18 retirar más material que habían dejado acopiado en el inmueble. La reparación de los daños causados con motivo del detrozo de las instalaciones, según un informe pericial elaborado por un arquitecto técnico, asciende a 1.454.974,91 euros.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios