Sevilla

El calvario de los cabreros de Alcolea del Río

El rebaño de Javier Zamora y Rocío Pradas pasta en Alcolea del Río. El rebaño de Javier Zamora y Rocío Pradas pasta en Alcolea del Río.

El rebaño de Javier Zamora y Rocío Pradas pasta en Alcolea del Río. / Antonio Pizarro

El año 2020 está siendo difícil y raro para todos. Pero si hay alguien que lo esté pasando especialmente mal es el matrimonio formado por Javier Zamora y Rocío Pradas. Son los cabreros de Alcolea del Río que perdieron la mitad de su rebaño después de que presuntamente los animales pastaran hierba recién fumigada. Lo hicieron en una vía pecuaria, donde está prohibido utilizar herbicidas. Entre finales de enero y principios de febrero se les murieron 48 cabras, lo que les dejó en la ruina.

Después de que denunciaran públicamente lo ocurrido, y que se relacionase la fumigación con una hermandad del pueblo, los cabreros se han enfrentado a varios reveses. Primero, el Ayuntamiento de Alcolea del Río quiso desterrarlos, es decir, darles de baja en el padrón municipal. El alcalde, Carlos López (PSOE), ordenó la apertura de un expediente para desempadronarlos del pueblo, alegando que residían temporalmente fuera del mismo. Es esta una circunstancia insólita y extraña, pues la mayoría de pueblos pretenden tener en el padrón el mayor número posible de habitantes. Actualmente la pareja de cabreros está pendiente de la decisión definitiva sobre este proceso, pero ahora les ha llegado algo peor.

El cabrero Javier Zamora, con una chiva superviviente en brazos. El cabrero Javier Zamora, con una chiva superviviente en brazos.

El cabrero Javier Zamora, con una chiva superviviente en brazos. / Antonio Pizarro

La Junta de Andalucía les ha impuesto una sanción de 3.000 euros por unas supuestas deficiencias en la retirada de los cadáveres. Una multa que difícilmente pueden afrontar y contra la que ya han presentado alegaciones. Otra vez este David formado por dos humildes cabreros se enfrenta al Goliath de la administración. Lo hacen con el apoyo de la Asociación de Defensa de los Caminos Públicos (Asedeca) y de Ecologistas en Acción, que les han buscado abogados para recurrir esta sanción. Fuentes de ambas entidades explicaron que consideran que los cabreros están sufriendo una persecución por haber hecho público el envenenamiento de las reses.

La multa llegó tras una denuncia del inspector de la OCA (Oficina Comarcal Agraria) de la Vega de Sevilla, que elaboró un informe tras una inspección en el que se apuntaba a que los cabreros no habían retirado los cadáveres de la explotación. Sin embargo, las cabras muertas permanecían en una fosa séptica apartada del lugar en el que estaban las supervivientes, tratados con cal y cubiertos con una lona, a la espera de que una empresa autorizada pudiera proceder a las labores de retirada y eliminación de los restos, lo que se produjo finalmente el 9 de marzo. Este punto, el de la fosa séptica, no aparece en el informe del inspector.

Javier Zamora y Rocío Pradas, los cabreros de Alcolea del Río. Javier Zamora y Rocío Pradas, los cabreros de Alcolea del Río.

Javier Zamora y Rocío Pradas, los cabreros de Alcolea del Río. / Antonio Pizarro

Los cabreros alegan que en el acta de la inspección se hace constar que “el ganadero procederá de inmediato a realizar el recensado de las cabras para determinar exactamente cuáles son las bajas”. “Según el resultado se estudiará la forma de proceder o cómo gestionar los cadáveres”, añade el acta. En ningún momento, se defienden los ganaderos, “manifiesta el inspector que detecta una gestión inadecuada de cadáveres, en qué consiste esa gestión inadecuada y que ello va a ser denunciado para que se le impusiera una sanción administrativa”.

Los responsables de la explotación añaden que la inspección fue solicitada por ellos mismos a raíz de la muerte de los animales. El envenenamiento se produjo el 21 de enero, pero la inspección de la OCA no llegó hasta el 18 de febrero, casi un mes después. Los cabreros indican además que no tuvieron información alguna sobre el resultado de la inspección hasta que no recibieron el expediente sancionador de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Las cabras muertas en Alcolea del Río. Las cabras muertas en Alcolea del Río.

Las cabras muertas en Alcolea del Río.

“Como se puede observar, existe una gran diferencia entre lo que consta en dicha acta y la denuncia a la que hace referencia el expediente sancionador. De hecho, en ningún momento la firmante se ha negado a la retirada de los cadáveres, ni ha alegado falta de dinero para proceder a la misma”, apuntan los cabreros, que introducen en su escrito el siguiente razonamiento: “Si había cadáveres de cabras el 18 de febrero era precisamente para facilitar la inspección, ya que si se hubiesen retirado en su totalidad, el funcionario no tendría nada que inspeccionar”.

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