Graves irregularidades administrativas, una posible línea de comercialización de productos "oculta" a las administraciones que podría superar el medio centenar, falta de cooperación y ocultación de datos. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla ultiman el escrito que presentarán ante la Fiscalía contra la empresa Magrudis por el grave brote de listeriosis que ya se ha cobrado tres víctimas mortales y ha afectado a 200 personas.

En el escrito, según la información facilitada por el Ayuntamiento a Diario de Sevilla, se detalla la existencia de productos en los supermercados que la empresa no había comunicado a las administraciones y que no se encontraban en la fábrica del parque empresarial de El Pino, de acuerdo con las actas realizadas por los inspectores de las dos administraciones.

Concretamente, durante los últimos días, se han detectado en inspecciones a comercios y en los albaranes chorizo y chorizo picante que, según la información facilitada por el empresario, "no estaban ya en distribución". También se ha detectado la comercialización de morcilla y, en la inspección realizada a establecimientos que comerciaban con Magrudis, se ha detectado que se ofertaban otros alimentos preelaborados, un catálogo B de hasta 50 productos, "que está siendo objeto en estos momentos de investigación y que ha sido comunicada a la Junta de Andalucía". No obstante, el equipo de Juan Espadas aclara que "no hay indicio alguno" en estos momentos de que estos productos estén contaminados y afectados por la crisis alimentaria por listeria monocytogenes.

A partir de la inspección que los servicios municipales realizaron el pasado 14 de agosto al constatarse el positivo de la intoxicación alimentaria, se inicia una investigación en la que ya "se aprecian indicios de irregularidades administrativas graves" y que deciden ponerse en conocimiento de la Fiscalía.

Licencia de actividad irregular

En primer lugar, según la información recabada por el Ayuntamiento hispalense, la empresa Magrudis se dio de alta en el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos de la Junta de Andalucía en el año 2015 sin contar con la documentación correspondiente y "careciendo en ese momento de la licencia de actividad" preceptiva.

Tanto es así que se abre un procedimiento de inspecciones que se producen en 2016 y 2017 "hasta que la empresa instala los sistemas de autocontrol que, en materia de consumo suponen su paso a la categoría C y un modelo más flexible de inspección de las administraciones de acuerdo con las directrices europeas, asumiendo la empresa la responsabilidad íntegra de la producción".

De acuerdo con las revisiones de documentación realizadas desde el pasado día 23, el Ayuntamiento ha constatado que "hasta diciembre de 2018 la empresa no presenta en el servicio de Protección Ambiental una declaración responsable para el inicio de actividad: "En este documento, que de acuerdo con la normativa permite el inicio de la actividad avalado por un técnicos con la responsabilidad por parte del empresario, se han detectado deficiencias de forma y de fondo, de modo que ha sido declarado sin efecto y, por tanto, anulado de acuerdo con el informe realizado el día 26 y ratificado el día 28 en el marco de un expediente abierto de oficio en el área de Medio Ambiente".

9 inspecciones avalan las deficiencias

La empresa ha sido en el día de hoy objeto de nuevas inspecciones por parte de los servicios municipales en las que se ha detectado que "las características técnicas de la empresa y su actividad no se corresponden con la declaración responsable presentada en diciembre de 2018".

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Sevilla recalca que "no se ha localizado escrito alguno de petición de licencia o de declaración responsable con técnico que autorice las reformas que constan en el escrito presentado el 31 de julio por la empresa ante la Junta de Andalucía", situación que también pondrá en conocimiento de la Fiscalía de acuerdo con los servicios jurídicos.