Un juzgado de Sevilla tomará declaración el próximo 3 de abril, como imputados, a tres de los 'okupas' del edificio de Casas Viejas, denunciados por un presunto delito de desobediencia a la autoridad durante el desalojo.

Fuentes del caso han indicado que los tres nuevos imputados se encontraban en el exterior del edificio que fue desalojado el pasado 30 de noviembre de 2007 por orden judicial y se negaron a seguir las indicaciones de la Policía, por lo que fueron identificados.

El juzgado ya tomó declaración como imputados, el mismo día del desalojo, a otros dos 'okupas' que se encadenaron en un zulo en el interior del edificio, ocasión en la que se acogieron a su derecho a no declarar.

Estas serán las primeras declaraciones judiciales por el cruce de denuncias en el desalojo de Casas Viejas, ya que el juez aún no ha tomado ninguna decisión en la denuncia de los 'okupas' contra la Policía por tres presuntos delitos de detención ilegal y otros dos de lesiones.

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla recibió una denuncia de la Delegación del Gobierno en Andalucía por presuntos delitos de injurias y calumnias cometidos por los activistas al acusar, en una rueda de prensa, de torturas a la Policía y a los bomberos.

La Fiscalía tomó declaración como testigos a dos de los policías que intervinieron en el desalojo y acordó remitir los hechos al juzgado de instrucción 17 de Sevilla para que continúe investigando.

En una multitudinaria rueda de prensa, los activistas acusaron de torturas y malos tratos a la Policía y a los bomberos que llevaron a cabo el desalojo del edificio.

Entonces, los 'okupas' aseguraron que "llegaron a temer por su vida" y Agustín Toranzo, de 39 años, manifestó que decidió soltarse de las cadenas con las que se había anclado a la pared del zulo cuando se hicieron "insoportables" las "torturas" a las que, según dijo, le sometió la Policía.

Los activistas denunciaron además haber recibido patadas, bofetones, amenazas, tirones de pelo y haber sido arrastrados.

El delegado del Gobierno les imputó presuntos delitos de injurias graves con publicidad, dado el amplio eco con que fueron recogidas sus manifestaciones por los medios informativos.