La decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Cristina Murillo, ha reclamado “un pacto político” de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento para acabar con el bloqueo que afecta a los planes de protección del casco histórico de los sectores Santa Catalina-Santiago, Encarnación, El Duque-El Salvador, San Andrés-San Martín y Magdalena y el sector Catedral.

Su propuesta apunta a que se aprueben definitivamente esos planes de protección pendientes, afectados por la sentencia en respuesta a la denuncia de la asociación Adepa, y se revisen todos los del casco histórico (también los no afectados por la sentencia) con vistas a “homogeneizar criterios que deberían ser comunes”.

Murillo reitera la necesidad de establecer “criterios justos y solventes” que acaben con “la arbitrariedad” que existe actualmente, con el fin de beneficiar al ciudadano. Y señala que en cada caso deben quedar claros los aumentos de la volumetría o remontes que se permiten y cuáles no, en función del nivel de protección de cada edificio.

La decana es partidaria de autorizar remontes en los inmuebles con nivel D y E, denegarlos en los de nivel A y B, y matizar bien los casos en que se podrían aceptar en los de nivel C porque “el patrimonio tiene que estar vivo y tiene que permitirse que se actúe en él”.

Murillo reitera “la dejación de funciones” de los partidos municipales y de la Gerencia de Urbanismo para responder a las necesidades de los ciudadanos. “Nadie puede estar esperando dos años mientras paga un piso y que no le autoricen las obras en su vivienda por este bloqueo. Eso es inasumible”. Murillo recuerda que años atrás se hizo un pacto político para empezar a proteger el casco histórico.

La decana reconoce que Adepa tenía razón pero lamenta los efectos provocados

El bloqueo de estos planes de protección comenzó en 2009 por sentencia judicial ratificada en 2013 por el Tribunal Supremo. Ante la anulación de varios puntos del PGOU que afectaban a esos planes, los expedientes de obra se están desviando a la comisión provincial de Patrimonio, que sufre un “monumental atasco de licencias de obra”, ya sea para tirar un tabique, cambiar una puerta o hacer obra de un baño en edificios no protegidos.

El fin exclusivo de esta comisión debería ser velar por los monumentos de la ciudad, pero la realidad es que, mientras dure la anulación de estos planes de protección del casco histórico, un expediente de obra sencilla puede demorarse una media de 8 meses desde que entra y lo revisa la comisión. Los afectados son los vecinos de estos sectores y las empresas o sociedades que quieren hacer apartamentos turísticos en estas zonas.

“La comisión provincial de patrimonio está absorbiendo todas las lagunas que van dejando todos los PGOU no sólo de Sevilla, sino de más municipios como Écija que no han completado la protección de sus cascos urbanos”, lamenta.

“La solución para que esto se desbloquee es eliminar la arbitraridad de los remontes, definir qué edificios se pueden remontar y en qué condiciones. Si no se ataja esta situación, lo que está consiguiendo la Gerencia es que en estos sectores afectados se hagan las obras ilegales, porque no puedes paralizar que alguien tenga en su casa un cuarto de baño y una cocina que no funcionan. Ese alguien las va a cambiar te guste o no te guste y no va a esperar dos años a ninguna licencia y a que le resuelvan el expediente administrativo”, se queja la decana.

Murillo reconoce que Adepa tenía razón en su denuncia sobre el PGOU de 2006 pero “al final lo que ha conseguido con la sentencia es un bloqueo del casco histórico, discriminar a los ciudadanos según en la zona en la que vivan del centro y paralizar la gestión de licencias”.

La denuncia de Adepa logró anular la coletilla que aparecía en el PGOU, que afecta a los planes de protección sin aprobación definitiva, y suponía que puntualmente se podía aumentar la volumetría y los remontes. Eso implicaba arbitrariedad porque uno podía levantar dos plantas, dependiendo del criterio político.

La arbitraridad radica en que en esos sectores sin planes de protección aprobados definitivamente se permiten remontes y aumentos volumetría en los edificios que no son posibles en las zonas que sí tenían planes de protección en vigor cuando se aprobó el PGOU de 2006.