Los centros de educación diferenciada de Sevilla (Ángela Guerrero, Albaydar, Altair, Nuestra Señora de Lourdes y Ribamar) presentan de manera conjunta un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la orden de conciertos de la Consejería de Educación andaluza que retira el convenio con diez de estos colegios en la región en base a resoluciones judiciales que rechazan sufragar con fondos públicos este modelo pedagógico, según han confirmado a Europa Press fuentes del colectivo afectado.

Por su parte, y en el plano administrativo, la plataforma Mis padres deciden, que engloba a las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios afectados, han entregado en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige José Chamizo, una contestación a la respuesta que, a su vez, Educación dirigió a la institución tras la queja abierta a requerimiento del colectivo.

La portavoz de la plataforma, Gemma García, ha manifestado a Europa Press que el escrito que han presentado esta semana en el Defensor busca que la consejera del ramo, Mar Moreno, "escuche nuestros argumentos", habiendo desembocado en lo que ellos ven como una negativa de Educación a considerar sus razones en una petición de entrevista al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. "Hemos respondido que en nuestros centros no se segrega, y que en ningún momento de la sentencia del Tribunal Supremo se establece que esta forma de enseñanza no sea constitucional, tal y como argumenta Educación para retirar el convenio", ha expuesto García, que indica que el colectivo seguirá "batallando y luchando por el derecho de los padres a elegir".

También la plataforma se encuentra ultimando un recurso judicial que presentará, con toda probabilidad la próxima semana, ante la resolución de Educación, de similar forma al de los propios colegios o la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

García ya comentó que los centros han expresado su intención de seguir la tendencia de abrir solicitudes de plaza condicionadas a que finalmente los padres puedan beneficiarse de la subvención o no, en base a posibles medidas cautelares de orden judicial.