La concesión de las setas se amplía hasta 2055. El Ayuntamiento de Sevilla y Sacyr han llegado a un acuerdo sobre la compensación por las pérdidas durante el estado de alarma del 2020 debido al coronavirus. Serán cuatro años y siete días más del plazo inicial de 40 años que terminaba en 2051. La empresa se ha acogido a la norma del Gobierno central que establecía la posibilidad de revisar concesiones públicas con motivo de las consecuencias por la pandemia para que logren el reequilibrio económico.

El gobierno socialista llegó a un acuerdo en la primavera de 2021 con Sacyr, empresa que gestiona la concesión de las setas de la Encarnación, sobre la compensación que recibirá por las pérdidas durante el estado de alarma debido al virus. La suma fue de 478.892 euros. Eso no quiso decir que se fuera a abonar esa cantidad. El decreto con las medidas extraordinarias por el impacto social y económico del Covid-19 establece otras fórmulas de compensación como la ampliación del plazo de la concesión u otros mecanismos que puedan plantearse de acuerdo con la normativa. El modelo elegido por ambas partes ha sido el primero.

Sacyr hizo un planteamiento al Ayuntamiento basado en el artículo 34 del Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo, que establece un procedimiento para las concesiones de servicio público que se vieron obligadas a cerrar durante los meses del estado de alarma y, por tanto, no pudieron mantener la actividad que estaba prevista en sus contratos. Ese decreto establece un procedimiento para un expediente de reequilibrio económico financiero de la concesión.

En este caso se trataba de la imposibilidad de realizar visitas a las setas durante los meses del confinamiento ni de cobrar las rentas de los alquileres a los locales y establecimientos. De acuerdo con los criterios que marca el decreto, se hizo un cálculo que estableció unas pérdidas provocadas por el cierre de 338.849 euros en visitas y 140.443 euros en alquileres.

El Ayuntamiento realizó reequilibrios económicos en todas las concesiones municipales porque así lo establece la ley en cuanto se ha solicitado. Se plantean como opciones ampliaciones de plazos de concesión o suspensiones del cobro de determinadas rentas. Por ejemplo, todas las concesiones administrativas de instalaciones deportivas se reequilibraron. También otros equipamientos concesionados o arrendados.

No siempre interesó a Sacyr la concesión de las setas. La constructora con derecho a explotar el edificio llegó a la conclusión de que quería retirarse de este negocio a finales de 2012. En plena crisis económica, la rentabilidad que le estaba dando el edificio nada tenía que ver con las previsiones marcadas en 2005, cuando la Gerencia de Urbanismo le adjudicó el contrato. Eran los tiempos del mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín.

Había pasado poco más de un año desde que comenzó oficialmente a explotar el edificio en mayo de 2011 tras una obra que se había encarecido hasta lo indecible, en plena burbuja inmobiliaria, por las graves deficiencias del proyecto básico. El primer enfrentamiento de la concesionaria con el Ayuntamiento fue por la orden dada por el entonces alcalde socialista de que los sevillanos residentes entrarían gratis al mirador y el Antiquarium, y que sólo pagarían los foráneos. Eso descuadró sus cuentas.

El gobierno municipal hizo un reequilibrio económico en todas sus instalaciones

El segundo frente se produjo por el retraso superior a 31 meses del Ayuntamiento en poner a disposición de Sacyr el edificio de oficinas que ocupaba en la Encarnación. Monteseirín pactó una compensación de 60.000 euros mensuales por cada mes de retraso, pero este pago nunca se cumplió. Y así lo recalcó la sentencia que dio la razón a la concesionaria.

El tercer frente tuvo lugar cuando la empresa planteó al Ayuntamiento el reequilibrio financiero de la concesión municipal. Esta petición se produjo en diciembre de 2011, meses después de iniciarse la explotación del edificio, pero según la sentencia el Ayuntamiento tardó más de un año en cumplir esta petición y no fue hasta febrero de 2013 cuando abrió un expediente para plantear el reequilibrio financiero.

La realidad es que nunca cerró acuerdo alguno con Sacyr sobre este punto y se mantuvo en una negociación infinita, lo que llevó a la constructora a la denuncia judicial planteada a finales de 2012 que fue favorable a los intereses de la concesionaria. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) redujo a 2,6 millones el pago a Sacyr en 2015 por esos incumplimientos en el contrato, lo que evitó una indemnización municipal de 36,5 millones.