El denominador común de las víctimas de dolorosas historias como el crimen de Marta del Castillo es su opinión favorable a condenas más duras para sus asesinos. Los padres de la menor sevillana asesinada han resucitado un debate que ya se produjo el pasado verano con motivo de la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos, con 25 asesinatos a sus espaldas.

Como ahora, los familiares de las víctimas del sanguinario terrorista reclamaron entonces la reforma del Código Penal para implantar la cadena perpetua. Una discusión cíclica, que se reproduce al abrigo de delitos de gran impacto social y en la que convergen dos posiciones: la del sector progresista de los jueces, por un lado, que se muestra partidario de no modificar el marco penal porque, argumentan, conllevaría un endurecimiento de las condenas contrario al principio de reinserción que recoge la Constitución, y la de los partidarios de implantarlas, abanderados por el ex portavoz del CGPJ, Enrique López, que proponen que se importe el modelo de cadena perpetua instalado en países como Francia o Alemania, en los que se incluye una cláusula con juicios periódicos de revisión que analizan el estado de rehabilitación del reo con vistas a su excarcelación. Este tipo de exámenes vendrían a reducir los riesgos de reincidencia, garantizando así la plena reeducación del preso.

Los defensores de esta fórmula argumentan que cuenta con el aval del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que no colisionaría con el artículo 15 de la Constitución, que sólo consideraría inconstitucional la cadena perpetua a perpetuidad; es decir, la que cierra para siempre la puerta al regreso del reo a su vida en sociedad. Eso sí, habría que cambiar el artículo 15 para acomodar la prisión perpetua a la Constitución. En la escena internacional, la condena a perpetuidad tan sólo se da en países con pocas garantías democráticas. En cambio, aquella que incluye los juicios de revisión está implantada en un buen puñado de países del entorno europeo, como Francia, Alemania o Gran Bretaña.

En concreto, el caso francés, que es el espejo en el que se mira ese reducido sector del colectivo de jueces que defiende un cambio en el Código Penal, establece un cumplimiento mínimo de condenas de 26 años, a partir del cual se celebra un primer juicio de revisión al que seguirían periódicamente nuevos juicios si el reo no superase ese primer examen. Estos juicios se harían en función de la gravedad del delito.

Los sistemas penales que cuentan con este modelo de cadena perpetua reservan esa pena a los casos de delincuencia más grave, como los delitos de terrorismo, a la comisión de dos o más delitos y a los episodios de reincidencia en los delitos más graves.En cualquier caso, la última palabra en este debate la tiene el Congreso de los Diputados, que es quien ostenta la potestad de legislar.