La relación de la Junta de Andalucía con los centros de educación diferenciada que aún se mantienen activos en la comunidad autónoma es la historia de un largo desencuentro. El Gobierno andaluz lleva casi 20 años oponiéndose a que este tipo de enseñanza se integre en la oferta pública y, por tanto, reciba subvenciones. Se basa en su ideario: integración de niños de ambos sexos en el aula. Sin embargo, la Justicia le ha negado la mayor hasta ahora. La única vez que falló a favor fue antes de que entrara en vigor la Lomce. Desde entonces, se ha visto obligada a tener que concertar unidades diferenciadas, pese a su intento por que esto no ocurriese.

Las sentencias dictadas a finales de julio por el Supremo se refieren al proceso de renovación de los conciertos para el periodo 2014/17. Sindicatos, padres y los titulares de los centros afectados -pertenecientes a la obra educativa del Opus Dei- llevaron a los tribunales la decisión de la junta de retirarles las ayudas por ser de educación diferenciada.

El TSJA, en primera instancia, concedió las medidas cautelares a estos colegios para que siguieran manteniendo el concierto. La razón para dicha restitución era clara: el artículo 84.3 de la Lomce al que ahora se refiere el Supremo en sus recientes fallos.

Luego llegarían más sentencias que darían la razón a la enseñanza no mixta. Entre ellas, la de 2015 del Alto Tribunal andaluz que afecta a los centros señalados y que la Junta recurrió ante el Supremo. En esta batalla judicial, el TSJA, a instancias del Ejecutivo andaluz, interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 que incluían una partida de fondos públicos para los centros diferenciados. En enero de 2016 el Constitucional, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, que aún sigue pendiente -como recuerda una magistrada del Supremo en su voto particular-, avalaba ese tipo de enseñanza. De nuevo la Lomce se convertía en el escudo defensivo.

Las recientes resoluciones del Supremo llegan meses después de que la Junta renovara los conciertos educativos por otros cuatro años, un proceso en el que volvió a negar a estos centros su inclusión en la oferta pública. La decisión se recurrió y todo hace prever que la Justicia vuelve a darles la razón a los colegios, al menos, hasta que la Lomce tenga vigente la redacción del referido artículo. Por ahora, la ley educativa sólo ha sido cambiada en lo que concernía a las reválidas, que ya fueron eliminadas.