La Gerencia de Urbanismo ha ordenado un pago de 660.386 euros a los dueños de una chatarrería enclavada a escasos metros del cementerio de San Fernando por una expropiación que llevan más de 14 años esperando. Este es el límite hasta el que existe conformidad en la Gerencia con el justiprecio de 3,2 millones de euros fijado por la Comisión Provincial de Valoraciones de la apropiación de un solar que cuenta con 5.506 metros cuadrados. Esa diferencia será abonada cuando la Justicia se pronuncie. La cifra se encuentra muy alejada de la que llevan solicitando los propietarios desde el principio, unos 16 millones.

“Me han quitado mi patrimonio y no me pagan, ni comen ni dejan comer. Yo tenía mi actividad y me iba bien, pero llevan años asfixiándome para quedarse con mi parcela a bajo precio y recalificarla para pisos”, comentó a este periódico el empresario sevillano Daniel Madrigal, dueño de HMR, tras esta batalla legal con el Ayuntamiento. La guerra comenzó cuando el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 colocó en esta parcela privada “una mancha amarilla” (en la jerga de los técnicos de la Gerencia) para expropiarla y destinarla a un teórico uso sanitario.

En los últimos años no se ha cumplido la expropiación y el propietario estaba atrapado. El Consistorio no quiso pagarle los 16 millones de euros estipulados y mantuvo que los terrenos son suyos, pese a una sentencia de 2012 del Registro Mercantil número 2 que dio la razón al afectado. La comisión ejecutiva de Urbanismo acabó acatando la sentencia el 10 de octubre de 2012.

Imágen aérea de un solar que cuenta con 5.506 metros cuadrados.

La empresa (Herederos de Madrigal HMR) se dedica desde hace tres generaciones a la actividad de chatarrería en el mismo suelo donde su abuelo, José Madrigal Fernández, la montó en 1921. Su nieto contó que fue el primer chatarrero industrial de Sevilla, además de teniente de alcalde del Ayuntamiento, cargo del que conserva la medalla. La parcela es un triángulo que da a la calle Doctor Fedriani y a la avenida de San Jerónimo. Está frente a los bloques de pisos de siete alturas de San Jerónimo, junto al Instituto de Toxicología y frente al cementerio. El plan urbanístico de la ciudad pintó de amarillo este suelo (ASE-DMN-02) para convertirlo en Servicio de Interés Público y Social (SIPS) con uso sanitario en una zona donde ya abundan estos usos: los hospitales de San Lázaro y Macarena y el centro de salud de San Jerónimo.

Lo llamativo de este caso es que el Ayuntamiento ha estado dilatando el proceso hasta lo indecible para no pagar con el argumento de que el suelo es suyo, un argumento que tumbó en junio de 2012 el Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla desestimando la demanda del Ayuntamiento. El empresario ha denunciado que ha tenido que pasar a pelo los años de crisis económica sin poder vender su parcela ni hipotecarla. Sólo pudo declararse en concurso de acreedores como única salida y en esa situación sigue.

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Madrigal intentó al principio paralizar la expropiación alegando que se trataba de un error, que no era posible que el Ayuntamiento quisiera la parcela de su abuelo para un uso sanitario. Fue en vano. El Consistorio no renunciaba entonces a expropiar. Cuando llegó el plazo de 2010 en que debía iniciarse la expropiación, según marca el PGOU, viendo que pasaban los años sin ser expropiado, el empresario pidió que se ejecutara el expediente de expropiación, una opción contemplada en la ley andaluza (LOUA) por cumplimiento de plazos.

En 14 años de batalla legal se han sucedido hasta tres sentencias de los juzgados civil y mercantil y seis recursos en los que Madrigal destacó que “el Ayuntamiento contestó fuera de plazo a la solicitud de inicio de expediente de justiprecio” de la parcela, dando lugar al proceso de expropiación por Ministerio de Ley el 25 de febrero de 2011. Ya no había vuelta atrás.