Sevilla ofrece un reparto "suficiente" de estaciones de bicicleta pública que permiten su uso habitual, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 14 capitales de provincia.

El estudio, realizado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad revela "significativas" diferencias en la distribución y el alcance de las estaciones de bicicleta pública, que deberían repartirse de manera uniforme por toda la ciudad y a no más de 300 metros unas de otras.

Un objetivo que alcanzan perfectamente Sevilla, Valencia y Barcelona, que además comparten unas altas ratio en la densidad de estaciones, de 38, 35 y 31 por 100.000 habitantes respectivamente. Mientras que San Sebastián y Zaragoza también obtienen buenos resultados para estos criterios, "aunque aún son mejorables", indica el estudio. De hecho, aunque la capital aragonesa suma un total de 130 estaciones, la ratio es de 19 por 100.000 habitantes.

Vitoria y Cádiz no disponen de este servicio de alquiler de bicicleta pública, aunque el ayuntamiento gaditano tiene varias estaciones para los universitarios del campus. La oferta en Córdoba es "testimonial" e "insuficiente" en Málaga, La Coruña, Bilbao y Madrid, ciudad esta última que viene, además, "arrastrando graves problemas de disponibilidad de sus bicicletas eléctricas".

Precio

En lo que se refiere al precio de este servicio, lo habitual es pagar un abono que tiene un coste medio de 30 euros al año, ligeramente inferior al de Zaragoza, que cuesta 37 euros.

El abono suele contemplar la primera media hora gratuita, lo que permite usarla sin coste adicional en la mayor parte de los recorridos. Salvo cuando se coge una bicicleta eléctrica en Madrid, Barcelona y San Sebastián, donde el viaje cuesta 50, 35 y 40 céntimos respectivamente. En la capital guipuzcoana también hay que pagar 20 céntimos por viaje si se utiliza la bicicleta convencional. Son unos costes adicionales que, a juicio de OCU, "desincentivan" su uso.

Por último, y con el fin de impulsar el uso de la bicicleta entre los ciudadanos, OCU pide a los Ayuntamientos crear mesas permanentes de diálogo con las distintas asociaciones ciclistas de cada región, que son las que mejor conocen los problemas a los que se enfrentan diariamente los usuarios.