Un funcionario de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, que se enfrenta a siete años de cárcel por trato degradante y abusos a cinco internas, a una de la cuales le tocó presuntamente los glúteos y le dio un beso mientras que a otras le hizo comentarios de índole sexual, ha negado este martes todas las acusaciones en el juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla. El funcionario Luis F. A. G. ha atribuido la denuncia a una supuesta “animadversión” de la directora de la cárcel y a las “presiones” de ésta sobre las internas para que le denunciaran, pero en contra de esta versión exculpatoria varias de las reclusas han ratificado los abusos y el trato que recibieron del acusado.

Luis F. A. G. se ha declarado “inocente” al inicio del juicio y ha negado “todos” los hechos por los que le acusa la Fiscalía, entre ellos el de exhibirles vídeos pornográficos a las internas, hacerles comentarios sexuales y hacerle tocamientos y besar a una de las presas. Según su testimonio, toda la denuncia obedece a las “presiones” de la directora del centro y a su “amplio poder” para promover beneficios como el tercer grado o la concesión de permisos. El funcionario ha atribuido esa supuesta “animadversión” a que denunció que otra funcionaria estaba ocupando un puesto que “no le correspondía” y también ha dicho que una jefa de servicio de la prisión, que es familiar de la directora, también le “obligó” a poner en un parte relacionado con una pelea a una interna que él no había visto.

En su declaración, el acusado sí ha reconocido que hizo varios regalos, en concreto un aparato de CD, una camiseta y unas postales de playa a la parricida de Pilas, la mujer que fue condenada por el asesinato de dos bebés a los que luego congeló. Según el trabajador, esos regalos no constituyen ninguna “infracción”, algo que por su parte ha rechazado la directora de la prisión, María Isabel Cabello, al afirmar que es conducta está prohibida.

Luis F. A. G. ha reconocido igualmente que organizaba juegos de azar y jugaba con las internas, y también que en una ocasión se dejó que le pusieran “una tira de depilar” en el cuello. El acusado ha dicho que esta conducta la desarrolló porque cree en la reeducación y reinserción de los internos, llegando a declarar que la directora llegó a decirle que él era como un soplo de “aire fresco”, manifestación que la responsable del centro también niega haber realizado.

Frente a la versión exculpatoria del acusado, varias internas que han rendido testimonio ante el tribunal, algunas de ellas a través de videoconferencia, han corroborado los abusos y el trato degradante.Una de las presas ha comenzado su declaración afirmando que el acusado le ha hecho “daño” y se refirió despectivamente a su condición sexual, al haberla llamado “machorra y tortillera de mierda”, y ha añadido que le mostraba vídeos pornográficos a las internas y se echaba encima de las camas de las internas.

Otra de las presas ha explicado que siempre estaba hablando de sexo y en un ocasión le dijo que “estaría dispuesto a que le hiciera una felación”, y luego le quitó una carta de su ex novio con dibujos eróticos, diciéndole que lo que aparece en dichos dibujos “podrían hacerlo ellos”.

Esta interna ha añadido que también “intentó besarla y le tocó el pecho por fuera” de la ropa, y ha afirmado que haberlo denunciado no le ha beneficiado en nada, puesto que fue trasladada a la prisión de Huelva, donde otros funcionarios le dijeron que “la estaban esperando”. La mujer ha relatado que en una ocasión entró cuando estaba en la ducha, pero se salió porque comenzó a gritar.

Además ha corroborado que enseñaba películas pornográficas a las presas y que en ocasiones se “echaba en un banco, se desabrochaba la camisa y se tumbaba a tomar el sol con sus gafas”.

El padre de esta interna ha corroborado que en una ocasión que fue a verla vio cómo el funcionario le tocaba los glúteos a su hija.

Una tercera reclusa ha afirmado que en el verano de 2014, cuando estaba duchándose, entró el acusado y le dijo “¡qué culo más bonito tienes”, al tiempo que también ha reconocido que ha visto cómo le hacía la cera en la espalda.

Las internas han rechazado que sufrieran presiones por parte de la dirección o que se les prometiera alguna ventaja o la progresión al tercer grado penitenciario.

La directora de la prisión de mujeres de Alcalá, María Isabel Cabello, ha explicado que todas las conductas que se atribuyen al funcionario son “inadecuadas y están prohibidas”, como cartearse con las internas o hacer lo que el acusado llamaba “quedadas” con las presas, y ha afirmado que su puesto de trabajo era exclusivamente “de vigilancia, no para hacer juegos como el del pañuelito en la unidad de madres” porque para ese tipo de actividades el centro penitenciario cuenta con equipos técnicos.

Así ha considerado “escandaloso” que se dejara depilar por las internas o que le dieran masajes, al tiempo que ha señalado que está igualmente prohibido que los funcionarios entren con teléfonos móviles. La directora ha dicho que sólo tuvo “buenos consejos y mucha paciencia” con el funcionario, no conflictos, y ha aseverado que cuando le llegaron los primeros rumores sobre su conducta inadecuada restringió los servicios para que no tuviera contacto con las reclusas, pero el acusado hizo un “abandono absoluto” de los puestos que se le encomendaban como garitas y centralita.

La directora ha negado la teoría de la animadversión y las presiones a las internas, por cuanto en los años que lleva en la junta de tratamiento de la prisión, que está compuesta por nueve miembros, “jamás ha tenido que dirimir un empate con su voto”, con lo cual niega que pudiera favorecer a las reclusas que denunciaran.

El Ministerio Público atribuye al funcionario de prisiones Luis F. A. G., que actualmente está suspendido provisionalmente de sus funciones desde el 19 de noviembre de 2014 a raíz del expediente disciplinario que se le abrió en su día, cinco delitos contra la integridad moral, un delito de actividades prohibidas a funcionarios y un delito de abuso sexual, y reclama además de la pena de prisión otros 18 años y medio de inhabilitación especial para cargo o empleo público, el pago de una multa de 7.200 euros y que indemnice con 6.500 euros en total a las cinco reclusas. La Fiscalía considera además como responsable civil subsidiario de lo sucedido a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por lo que pide que la indemnización la sufraguen el acusado y este organismo, según refleja el escrito de acusación.Los hechos denunciados tuvieron lugar en la prisión de Alcalá de Guadaíra desde el 11 de octubre de 2012, cuando el funcionario fue destinado a este centro penitenciario de mujeres, hasta julio de 2014, cuando se dio de baja por motivos de salud.

Esta denuncia se conoció en la misma época en la que Instituciones Penitenciarias investigó un posible trato de favor a la cantante Isabel Pantoja, un supuesto trato de favor que fue rechazado tajantemente por los inspectores.