La polémica construcción del centro comercial en Alcosa a tan sólo 1,90 metros de los bloques colindantes y que debería haber hecho saltar hace meses todas las alarmas en cuestiones tan básicas como la seguridad ciudadana -sería imposible desplegar una escala para evacuar a los vecinos de los pisos más altos en caso de incendio, por ejemplo- no implica "ni error ni descoordinación" para el gobierno local de Sevilla. Ni siquiera tras el gasto que originará la solución de urgencia propuesta ayer mismo por el Consistorio, esto es, la demolición parcial del centro comercial y la compensación a la propiedad actual a través de un intercambio de propiedades.

Lo remachó ayer el concejal delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, también portavoz del gobierno, quien no estima necesario asumir responsabilidades más allá del coste que tendrá que soportar el Consistorio tras anunciar que se hará con la titularidad del inmueble en construcción para demolerlo parcialmente y destinarlo a equipamientos públicos para el barrio dentro de un proceso de negociación que emprenderá con la empresa propietaria del mismo bien a través de una permuta de suelo, bien mediante un proceso de expropiación.

Para Carrillo, llegar a esta situación es una "concatenación de circunstancias donde la rigurosidad de ajuste a la norma ha derivado en un sin sentido". Nada más, a no ser la "escrupulosidad de todas las actuaciones municipales" y la "impoluta legalidad de todos los trámites constructivos". El concejal insistió que "todo se ajusta a derecho, por lo que no se depurarán responsabilidades".

La solución negociada ayer de mañana con los vecinos pasa porque el Ayuntamiento sea el titular del edificio en construcción sito en la Plaza de los Luceros que originariamente iba a ser destinado a centro comercial. Carrillo avanzó que la próxima semana ha citado a la empresa propietaria y promotora, Hermanos Cánovas, para iniciar un "proceso dialogado de transmisión de la propiedad" en el que se baraja desde el intercambio de propiedades y la permuta de suelo hasta, en último lugar, un proceso expropiatorio, según avalan los servicios jurídicos del Consistorio.

El portavoz del gobierno sostuvo que existe una primera valoración económica tanto del suelo que ocupa el edificio como de la estructura ya levantada "que no será divulgada", lo mismo que un primer abanico de solares y edificios de propiedad municipal en distintos emplazamientos que serán ofertados a la promotora para el intercambio de propiedades.

Una vez que esté bajo titularidad municipal, Urbanismo negociará con los vecinos la demolición parcial del edificio. Para ello, un arquitecto técnico nombrado por los vecinos trabajará junto al personal de Urbanismo para rebajar tanto la volumetría como la distancia entre fincas del edificio actualmente en construcción, cuyas obras serían ya asumidas por la Gerencia de Urbanismo.

Carrillo también avanzó que la parte del edificio que seguirá en pie se destinará a acoger servicios municipales y equipamientos públicos proyectados para el barrio, entre los que citó una biblioteca y un cibercentro, aunque serían acordados con las entidades vecinales de Alcosa.

Esta batería de actuaciones encaminadas a frenar un proyecto constructivo que cuenta paradójicamente con todas las bendiciones administrativas municipales implicará unos gastos en el erario público que Carrillo intentó ayer camuflar bajo la premisa de "agilizar los proyectos municipales que había para el barrio, como la construcción de la biblioteca y la apertura del cibercentro".

Es más, el gobierno local incluso podría barajar la posibilidad de fijar un justiprecio (valoración mínima) en caso de un proceso expropiatorio que se basaría jurídicamente en la demora de la promotora en solicitar la licencia de actividad comercial, donde los requisitos medioambientales hacen inviable la apertura por incumplir la normativa acústica. Sin embargo, Carrillo confirmó que esta licencia había sido solicitada en plazo -se puede hacer durante el transcurso de la obra-, por lo que peligraría el argumento jurídico en caso de expropiación. Carrillo ni siquiera aceptó la hipótesis de que la empresa promotora dedicase el edificio a una actividad distinta a la comercial, por ejemplo, a locales para oficinas. "No voy a entrar porque ese edificio no va a seguir en pie", espetó.

El portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, señaló ayer que "los errores del concejal de Urbanismo le están costando millones de euros a los sevillanos", al tiempo que señaló a Carrillo por "causar un gran perjuicio a muchos vecinos del parque Alcosa". Zoido recordó que el pasado viernes llevó al Pleno una moción urgente sobre el centro comercial de Alcosa que fue rechazada y sobre la que "ni el alcalde ni Carrillo no quisieron hablar". El líder del PP apuntó que "Torrijos (IU) empezó a rectificar anteayer, después de haberle dicho a los vecinos que estaba todo bien y que se cumplían las ordenanzas".