Desahuciada, separada, en paro, sin bonificaciones sociales y ahora, también, sin guardería para su hijo. El pasado 20 de febrero la Escuela Infantil de titularidad pública Gloria Fuertes, en el Polígono Sur, expulsó a un menor de 2 años del centro por impago. Su familia, desahuciada en 2011 y con una deuda bancaria de 70.000 euros, no ha podido pagar desde septiembre ninguna de las mensualidades de 209 euros que reclama la guardería de la Junta de Andalucía ubicada en La Oliva, ya que el menor tiene 2 años y no se considera educación obligatoria.

Tras el desahucio, el pequeño Cristian, su madre y un hermano de 13 años se trasladaron a casa de su abuelo. Tres adultos y dos menores de edad viven con una pensión de 600 euros, más lo que Ana María Spínola, madre del pequeño, consigue limpiando casas por las mañanas. Pero, para ello, necesita dejar a su hijo en la guardería o que alguien se encargue de él.

Ana María Spínola denuncia que su hijo sufre "un trato discriminatorio" por la situación económica de sus progenitores y que, con su expulsión del centro, se "está violando su derecho a recibir una educación".

La mayoría de los menores de 3 años que acuden a esta guardería pública, situada en el Polígono Sur, cuenta con bonificaciones de la Junta de Andalucía para pagar las mensualidades y el comedor. Las deudas del padre de Cristian con la Administración Pública impiden que éste pueda acceder a estas bonificaciones, al igual que su hermano de 13 años tampoco puede solicitar becas de estudio.

Spínola, separada, relata que su todavía marido estuvo trabajando 18 meses sin cobrar y que aún no ha recibido el finiquito correspondiente tras el cierre de la empresa. Asimismo, tiene una serie de deudas con Hacienda y la Seguridad Social de su etapa como empresario, impuestos que no pudo abonar porque sus clientes tampoco podían pagarle, según explica Ana María Spínola, que cuenta actualmente con el apoyo jurídico del Comité René Cassin. "Hemos pedido cita en varias ocasiones en Hacienda para solucionar el problema, pero nos dicen que nuestro caso es tan complicado que no nos quieren dar cita y nos remiten a un asesoría, algo que no podemos pagar", apunta esta madre. Una maraña administrativa que deja al pequeño Cristian fuera de la guardería: "Lo poco que saco es limpiando casas y mi padre está enfermo, no tiene movilidad en un brazo, no puedo dejarle al niño", se lamenta.

Esta madre asegura que otras guarderías de la zona, ante la precaria situación económica de las familias, "están dando facilidades para pagar las cuotas, pero no expulsan a los niños". Su hijo, además, padece problemas digestivos, rasgos de hiperactividad y trastorno del sueño: "El pediatra me aconsejó que lo llevara a la guardería y, en el poco tiempo que estuvo, mejoró, descansaba mejor y estaba más tranquilo".

La Consejería de Educación establece que la dirección de los centros de educación infantil con convenios con la Junta podrá, asesorados por el Consejo Escolar, acordar la baja de un niño por el impago de una mensualidad. María del Carmen Junquero, directora del centro Gloria Fuertes, se acogió a esta orden cuando, un mes y medio después del comienzo del curso escolar, avisó a los padres del menor de su posible baja. Decisión que la madre del niño recurrió ante la Consejería de Educación sin éxito. Ana María Spínola también acudió tras la expulsión definitiva del menor, en febrero, a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, organismo que ha iniciado una investigación.

La guardería de titularidad pública le reclama a esta madre 1.674 euros, cantidad que incluye los seis meses de comedor. Un servicio que, según Spínola, aceptó después de que la directora del centro la convenciera de que no tendría problemas de financiación. Además, la madre denuncia que le piden la mensualidad íntegra de septiembre, cuando su hijo entró en la guardería el día 20 de septiembre y sólo fue dos días al comedor.

Este medio ha intentado, sin éxito, conocer la versión de la directora del centro. Ana Spínola segura que no se niega a pagar las deudas que mantiene con la guardería pero solicita que se le ofrezcan facilidades de pago para que su hijo pueda continuar con su educación.