El gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE-IU) se enfrenta a la huelga más larga convocada por los trabajadores de los autobuses urbanos de Tussam: nueve días de paros (14 y 28 de marzo y toda la semana de Feria), una cifra histórica en la empresa. Pero además, el actual alcalde de Sevilla -también presidente de Tussam- es el que ha afrontado más amenazas de huelga en los autobuses urbanos, puesto que de las cinco protestas convocadas desde 1999, cuatro de ellas se han dado en su mandato: 2004, 2005, 2007 y 2008. A excepción de 2007, ninguna de las amenazas se llegaron a cumplir gracias a acuerdo, algo que se antoja complicado este año.

Varias fuentes de la empresa consultadas por este periódico aseguran que detrás de tanta conflictividad concentrada en los años de Monteseirín hay una doble causa. Por un lado, la ausencia de diálogo entre la dirección y el comité de los trabajadores desde que lo preside la asociación de conductores (ASC), un clima que empeoró en mayo pasado tras los incidentes de la huelga y tras la apertura de nueve expedientes sancionadores contra conductores a los que la dirección acusa de provocar los daños en un centenar de autobuses. La tensión entre ambas partes es tal que desde entonces no se han reunido para abordar ningún asunto.

El segundo motivo del desencuentro en Tussam apunta a un enfrentamiento político entre distintas familias del PSOE dentro de la misma empresa de autobuses, ya que, según las fuentes, el dirigente del comité de empresa (Antonio Núñez, del sindicato de conductores ASC) es militante socialista de la agrupación Este de una facción opuesta a Monteseirín y afín a José Antonio Viera. Eso explicaría que ASC convocara la huelga más dura pocos días antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 y que la de este año se convoque pasados los comicios autonómicos a los que Viera concurría como candidato socialista por Sevilla.

En las huelgas anteriores había argumentos salariales que no se dan en este caso. Esta vez las razones de los paros (secundados por el 60% de la plantilla) son los expedientes sancionadores abiertos a ocho conductores tras los incidentes de mayo de 2007 (el noveno expedientado no consta en la lista tras haber renunciado a seis meses de empleo y sueldo), los despidos improcedentes (por sentencia) de dos empleadas temporales, la supuesta privatización de la limpieza y repostado de autobuses, la petición de que sean fijos 50 contratos eventuales (un acuerdo que firmó el edil de Presidencia para zanjar la última huelga) y la exigencia de dimisión del gerente Carlos Arizaga y del vicepresidente del consejo de administración Guillermo Gutiérrez.

Se trata de asuntos, según las fuentes consultadas, que podrían solucionarse con reuniones entre las partes, en lugar de "matar moscas a cañonazos" con paros por los que cada trabajador que secunde la protesta perderá unos 2.000 euros, según cálculos de la plantilla. El sindicato CGT reclama a las dos partes que se esfuercen en llegar a un diálogo, hasta ahora inexistente, para evitar graves perjuicios a la ciudad y la plantilla.