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"Mi hijo me dijo que si volvía a un centro de acogida se quitaba la vida"

  • Una madre, apoyada por la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores, denuncia la retirada irregular de un niño por parte de la Junta

Raquel Escalante, madre del menor de 13 años bajo la tutela de la Junta. Raquel Escalante, madre del menor de 13 años bajo la tutela de la Junta.

Raquel Escalante, madre del menor de 13 años bajo la tutela de la Junta. / Fotos: Juan Carlos vázquez

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El pasado 27 de abril, poco antes de las once de la mañana, seis policías se personaron en el instituto de Castilleja de la Cuesta en el que estudiaba Luis, un menor de 13 años bajo tutela de la Junta, y lo trasladaron a un centro de acogida de Almería. Desde entonces, su madre, Raquel Escalante, desconoce dónde se encuentra el menor y en qué estado, ya que poco después el niño fue ingresado en el Hospital Torrecárdenas. Así lo denunciaron este lunes la madre de Luis (nombre ficticio) y su abogado, José Antonio Bosch, que estuvieron acompañados por la presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores, Asunción García.

La Junta decretó en septiembre de 2014 el desamparo de Luis, que entonces tenía 9 años y de su hermana, de 5, motivado, según el letrado, por la situación de violencia de género que se vivía en la familia, "un entorno no adecuado para los niños". Ambos estuvieron en un centro de acogida hasta que una tía paterna se hizo cargo de la niña. "Desde el primer día, Luis mostró su rechazo, no quería estar en un centro, pero mientras estuvo acompañado por su hermana lo aceptó. En agosto de 2016, la Junta separó a los dos hermanos y a la niña la llevaron con su tía, a la que Raquel ha tenido que pagar para poder ver a su hija. Desde entonces, Luis ha protagonizado un rosario de fugas", indicó Bosch. "Cuando se escapaba, mi hijo acudía a mí. Conseguía llamarme y yo iba a buscarlo. Siempre lo encontraba escondido, tenía miedo. Una vez estaba debajo de un coche", aseguró la madre, de 31 años.

La Junta asegura que se intervino de ese modo "porque no había más remedio"

La última vez que Luis se fugó de un centro de acogida fue el 9 de octubre de 2017. "Mi hijo me dijo que si volvía a un centro se quitaba la vida", comentó Raquel Escalante, a la que la Junta también le ha retirado un tercer bebé de año y medio. Al principio, la familia llevaba de nuevo al menor al centro pero, en esta última ocasión, la madre y su abogado lucharon para que Luis pudiera vivir con Raquel y lo escolarizaron en un instituto con la autorización de la juez de Familia que lleva el caso.

"Desde que la Policía se llevó a mi hijo no sé nada de él. En cuanto supe que estaba en un hospital en Almería me fui corriendo para allá, pero no me dejaron verlo ni me dijeron cómo estaba. Cuatro policías me impedían la entrada al hospital y tuve que pasar la noche en la calle en un banco", manifestó Raquel Escalante, que asegura que su situación ha cambiado, que tiene un piso e ingresos procedentes de una indemnización que recibe por parte de una ex pareja, al que condenaron por atropellarla.

"En los últimos cuatro años, desde que en el 2014 los servicios de protección de menores de la Junta aterrizaron en esta familia, la Junta ha logrado separar a tres hermanos, desescolarizar a un menor, está actuando con deslealtad procesal en el procedimiento judicial, está desatendiendo las resoluciones judiciales y sus obligaciones como parte en el procedimiento, miente a la madre cuando dice que le transmite información y trata a un menor de 13 años peor que si estuviese en busca y captura, porque cuando alguien está en busca y captura en este país pasa por un juzgado, y Luis no tiene ni esa opción, porque está en un limbo entre un secuestro, una retención o una busca y captura, una situación incalificable", criticó el letrado.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, sin poder dar detalles específicos del caso al tratarse de un menor, aseguró que "detrás de un desamparo siempre hay un trabajo previo muy profundo por parte de los técnicos de la Junta". "Nunca jamás se interviene si previamente no se han agotado todas las vías. Que no quepa la menor duda de que en este caso se ha actuado en tiempo y forma por el interés del menor, no había más remedio que intervenir y la Fiscalía conoce el caso completo. Estos temas son muy delicados y no podemos dar detalles de los expedientes de los menores, ni nosotros ni nadie", concluyó la consejera.

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