La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha imputado al ex Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) Rafael Álvarez Giménez y al ex jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica Agustín Pastor Turullols, por haber intentado beneficiar con un informe a la empresa de dos socios de éste último funcionario en el que avalaba sus tesis sobre el embalse de La Breña y con el que esta empresa podría reclamar 15 millones de euros.

La denuncia contra ambos funcionarios fue presentada la semana pasada por la Fiscalía y su investigación ha correspondido al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, cuya titular ha citado a declarar en calidad de imputados a ambos altos cargos para el 15 de enero de 2016, según han confirmado fuentes judiciales. Un día antes de esas declaraciones, el 14 de enero, la instructora ha citado a declarar a varios testigos.

La juez ha encargado además un informe a la Guardia Civil para que esclarezca los posibles vínculos entre el ex jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y dos socios suyos en otras empresas. También ha encargado otro informe a la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Se da la circunstancia de que este funcionario también emitió, en menos de siete días, un informe favorable -sobre la compatibilidad de las actuaciones a desarrollar- a petición de la empresa Emerita, perdedora del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y cuya adjudicación a Minorbis investiga la misma juez de Instrucción 3 de Sevilla.

La instructora, siguiendo la denuncia de la Fiscalía, ha imputado al funcionario Agustín Pastor Turullols, que fue destituido por el Ministerio de Medio Ambiente como jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, por tres delitos -de estafa procesal en grado de tentativa, de negociaciones prohibidas a los funcionarios, y cohecho-; mientras que al ex Comisario de Aguas Rafael Álvarez sólo le atribuye el delito de estafa procesal en grado de tentativa y en calidad de cooperador necesario.

La fiscal jefe, María José Segarra, asegura que el funcionario Agustín Pastor Turullols realizó con fecha 29 de diciembre de 2014 un informe a petición de la empresa Salto de la Breña sobre la presunta compatibilidad de la concesión vigente a esta sociedad con la construcción posterior de un nuevo embalse, La Breña II, con una capacidad ocho veces superior y que inundó por completo la presa La Breña I, para cuyo aprovechamiento se le había otorgado la concesión. La empresa pretendía que ese aprovechamiento era "factible", porque estaba contemplado en las bases del concurso de La Breña II y en la propia construcción de la presa.

Agustín Pastor Turullols es socio de los miembros de la empresa beneficiada por su informe en Gabinete de Promociones Costa Golf S.A y Transporte de Cenizas y Cementos (Trancesa), lo que supone según la Fiscalía una "relación de confianza y unión de intereses económicos entre el denunciado y la empresa que resultaría beneficiada por su informe, pues en todo este procedimiento lo que se hallaba en cuestión era evidentemente el importe de la indemnización a percibir por parte de la empresa, cuya concesión había devenido en inútil".

El informe fue solicitado al funcionario para ser aportado en un pleito en el que la Abogacía del Estado pretendía que se declarase la imposibilidad material de ejecutar la sentencia que declaró la nulidad del rescate de la concesión que le fue otorgada en su día a Salto de la Breña, algo que, según la fiscal, era "plenamente conocido por los denunciantes, quienes lo realizaron para favorecer a los intereses económicos de la empresa".

La denuncia añade que el funcionario era "absolutamente incompetente para emitir el informe, más teniendo en cuenta que en el mismo se incluyen consideraciones jurídicas y técnicas ajenas a la competencia de la oficina que dirige", y añade que el dictamen contraviene además el criterio mantenido por la sociedad estatal Aquavir (Aguas de la Cuenca del Guadalquivir) -que sostenía que la concesión no puede reponerse a su estado original, existiendo una incompatibilidad funcional entre La Breña I y La Breña II, de ahí la necesidad del rescate de la concesión a favor de La Breña I como compensación-, por la Dirección General del Agua y por la propia CHG, entidad que intervino tanto en la supervisión del proyecto de construcción de La Breña II como en la incoación del correspondiente expediente de rescate.

El informe fue solicitado "directamente" a la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG, "al margen de todo procedimiento legal o reglamentariamente establecido y para una sociedad mercantil y sin que la presidencia ni la secretaría general de la Confederación tuvieran conocimiento ni de la solicitud ni del informe".

El funcionario Turullols pasó el informe para el visto bueno del entonces Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez, "quién lo visó pese a hallarse de vacaciones, desplazándose para ello a la oficina de la CHG en Córdoba, pese a que no existía urgencia que justificase dicha perentoriedad y pese a conocer su contenido y la radical contrariedad que justificase dicha perentoriedad y pese a conocer su contenido y la radical contrariedad del mismo a los posicionamientos de la Administración, soslayando ambos el conocimiento del mismo tanto por los servicios jurídicos de la Confederación como el presidente" de la CHG.

El documento, del que no consta su "registro de salida oficial", fue presentado por la empresa en el pleito que se sigue en un juzgado de lo Contencioso-administrativo de Sevilla.

La Fiscalía advierte que el posible importe del justiprecio a abonar por la Administración si se declarara compatible el aprovechamiento de la Breña I y la Breña II "pudiera haber alcanzado hasta 15 millones de euros", y añade que las fechas de la participación del funcionario en las dos empresas "reflejan una relación consolidada en el tiempo" con los socios de Salto de la Breña, por lo que concluye en la "posible existencia de una evidente relación e intereses económicos comunes".