Un interno de nacionalidad árabe ha lesionado de gravedad a tres funcionarios del centro penitenciario Sevilla-II, en Morón de la Frontera, según informó ayer el sindicato de prisiones la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones penitenciarias (Acaip). La organización sindical explicó que este "grave incidente regimental" se produjo el pasado viernes por la tarde, cuando dicho interno, "que debía cambiar de un departamento a otro por orden del equipo técnico, se negó violentamente a ingresar en el nuevo módulo asignado".

Según Acaip, "ante las amenazas y la gran agresividad mostrada por el interno, fue trasladado al departamento de aislamiento, donde comenzó a agredir a todos los funcionarios allí presentes, contra los que se enfrentó mediante cabezazos, patadas y puñetazos". A consecuencia de estas agresiones, siempre según el sindicato, tres funcionarios tuvieron que ser atendidos de urgencia por los servicios médicos del establecimiento, para lo que se requirió la atención hospitalaria de dos de ellos, al presentar, respectivamente, policontusiones maxilofaciales y cervicales en un caso, y, fisura en la mano que ha precisado la implantación de una escayola para su inmovilización, en el otro caso. Ambos deben permanecer en situación de baja laboral.

Desde la Acaip denuncian "por enésima vez" las condiciones laborales que sufre el colectivo de los centros penitenciarios de toda España debido "a la falta de recursos humanos y materiales". Por tal motivo, reiteran que "la única respuesta" dada por la Secretaría General a las 2.118 agresiones a trabajadores penitenciarios entre 2005 y 2016 ha sido poner en duda la naturaleza y gravedad de las mismas e, incluso, como recientemente ha declarado en un medio de prensa el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, les ha restado valor haciendo una desafortunada y tendenciosa comparación retrospectiva mencionando los tiempos en que a los presos se les cortaba la cabeza en los motines de los años 80.

Según el sindicato, "la falta de la condición de agente de autoridad, por un lado, y la inexistencia de un protocolo de agresiones contundente y efectivo, por otro, supone una notable merma en nuestra protección jurídica frente a las continuas agresiones".