La titular del juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente, inició ayer, con suerte desigual, la investigación de las denuncias presentadas por varios afectados por la suspensión de pagos presentada por la empresa Contsa. De los tres inversores que han denunciado delitos de estafa y apropiación indebida por los préstamos participativos que suscribieron con la sociedad, dos de ellos ratificaron ayer las acusaciones ante la juez mientras que el tercero ha decidido retirar la denuncia para evitar "el juicio paralelo".

Uno de los perjudicados no sólo confirmó en su comparecencia que se considera estafado, sino que además aportó nuevos datos relacionados con la forma de actuar de la sociedad y con las inversiones realizadas en dinero negro. Manuel Jiménez Hurtado aseguró que un apoderado de Contsa confirmó en una reunión con varios inversores que existían "dos listas: A y B", y que esta última procedía de fuera de España. Este afectado, que ha recibido las críticas de la mayoría de los inversores por acudir a la vía penal, explicó que antes de emprender las acciones legales se reunió hasta en tres ocasiones con representantes de la entidad, durante los días 20 y 30 de enero y 1 de febrero, para intentar que le devolvieran los 36.000 euros que había invertido.

En la última reunión, declaró Manuel Jiménez, un abogado de la empresa le comunicó que el apoderado que había intervenido en nombre de la sociedad en su contrato conocía desde seis meses antes -en mayo de 2007- la falta de liquidez que pesaba sobre la empresa. "Me engañaron 600 veces, por activa y por pasiva, es un engaño monumental porque tenían falta de liquidez" y no le advirtieron del "alto riesgo" que conllevaba la inversión, sostiene este jubilado que entregó a Contsa los ahorros de su vida y sólo recibió el pago de una mensualidad de los intereses acordados.

Un segundo perjudicado, que no quiso identificarse, ratificó la denuncia después de haber invertido varias decenas de miles de euros en la empresa.

La próxima intervención de la instructora tendrá lugar el 7 de marzo, cuando tome declaración como imputados al presidente del grupo Contsa, José Salas Burzón, y a un apoderado de la sociedad.

De forma paralela a la vía penal, el juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha declarado el proceso concursal de Contsa, una decisión que se produce después de que la juez haya valorado las dos peticiones de concurso vinculadas a esta sociedad y que han sido acumuladas en un mismo proceso. Aunque el presidente de Contsa, José Salas Burzón, anunció públicamente el pasado 11 de febrero que la entidad había presentado un concurso voluntario de acreedores, al no poder hacer frente a los pagos, lo cierto es que uno de los inversionistas ya había llevado el caso al juzgado de lo Mercantil varias semanas antes.

El inversor presentó con fecha 17 de enero un concurso "necesario" contra Contsa, ante el impago de las cantidades invertidas.

Una vez que la juez de lo Mercantil tuvo sobre su mesa las dos peticiones de concurso, ha dictado un auto en el que ha acumulado ambas solicitudes y ha declarado el concurso de Contsa.

La decisión lleva aparejada el nombramiento de tres administradores concursales: un abogado, un economista y un tercero que será designado por el conjunto de acreedores. La finalidad del proceso iniciado consiste en reflotar la empresa y, en caso de que no sea posible, proceder a la liquidación y el pago a los acreedores. La suspensión de pagos de Contsa afecta a unas 1.200 personas, que invirtieron en la sociedad a cambio de una alta rentabilidad, de hasta el 35 por ciento.

Contsa quiere comenzar a pagar en un año mediante la venta de bienes, ya que, según Salas, la sociedad cuenta con 80 millones en su activo mientras que el pasivo ronda los 54 millones.