Informar con rigor y objetividad de los suicidios

Hay una regla no escrita en el periodismo para no informar de los suicidios. Sin embargo, como todas las reglas, siempre hay excepciones. Es el caso de la trágica muerte de Sandra Peña Villar, donde el suicidio de la menor escondía una situación grave de acoso escolar que, a pesar de que fue denunciada hasta en dos ocasiones, no había llevado a las Irlandesas de Loreto a activar el protocolo antiacoso.

Creo firmemente que, en supuestos como éste, los medios de comunicación tienen la obligación de informar con rigor y objetividad y, como siempre, huyendo de todos aquellos detalles que, lejos de contribuir a luchar contra el fenómeno del acoso escolar y a tratar de buscar soluciones a este grave problema que afecta a muchos adolescentes, puedan ayudar a alimentar el morbo. Es una de las vías que promueve el nuevo periodismo de soluciones a través de nuevos enfoques.

Y creo que debe informarse del caso de Sandra Peña por varios motivos. Para empezar, porque es la propia familia de Sandra, con sus padres y su hermano a la cabeza, los que quieren que se informe sobre este caso para que se haga Justicia y se investigue si hay, además de la conducta de las menores, algún tipo de responsabilidad por parte del centro educativo, al no haber adoptado ningún tipo de medidas para frenar la situación de acoso que Sandra llevaba viviendo desde hace meses.

En segundo lugar, porque la muerte de Sandra revela las deficiencias del protocolo antiacoso, que data del año 2011 y que, por el tiempo transcurrido y la evolución de aspectos como la irrupción de las nuevas tecnologías y la extensión del uso de las redes sociales, precisa de una conveniente actualización.

Y en tercer lugar, porque la Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto ya dos expedientes relacionados con la muerte de Sandra, uno de ellas a las supuestas acosadoras y la segunda con la actuación que desplegó el centro educativo concertado una vez que tuvo conocimiento de la situación de 'bullying'.

De hecho una encuesta elaborada por el sindicato CSIF de Educación ha puesto de manifiesto que la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran el alumnado y el profesorado ante el acoso escolar es “alarmante”. La responsable de Educación de CSIF Sevilla, Manuela Tagua, ha explicado a este periódico que, según este sondeo, que el 63,3 % del profesorado sevillano ha gestionado personalmente situaciones de acoso escolar en sus centros educativos, pero "sólo el 10 % se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia" ante este tipo de situaciones, es decir, sólo uno de cada diez docentes se ha sentido preparado ante estos casos.