La reforma del Código Penal que endureció a finales de 2007 las penas por delitos relacionados con el Tráfico ya están pasando factura a los conductores sevillanos. En el primer mes desde que entró en vigor la reforma, los jueces han condenado a 74 conductores de Sevilla y provincia por estos delitos. Estas condenas han sido dictadas por el juzgado de guardia en juicios rápidos celebrados entre los días 2 y 31 de diciembre de 2007, después de que los conductores que pasaron a disposición judicial se confesaran culpables y aceptaran la imposición de la pena. Esta admisión de culpa les permitió beneficiarse de una rebaja de un tercio en la pena impuesta para el delito concreto.

El fiscal delegado de Seguridad Vial de Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, explicó ayer que el número de condenas desde que entró en vigor la ley 15/2007, el 2 de diciembre de 2007, es mucho mayor, por cuanto en la estadística no aparecen reflejados los casos en los que los conductores no han asumido su responsabilidad al ser llevados al juzgado de Guardia y, por tanto, las diligencias han sido remitidas a otros juzgados para continuar la investigación y celebrar el juicio. Aunque no se dispone de estos datos porque algunos de los procesos todavía no han concluido, el fiscal de Seguridad Vial indicó que la cifra de infractores puede ser similar a las de que han asumido su responsabilidad. Según Luis Carlos Rodríguez León, las estadísticas del primer mes de aplicación de la nueva normativa ponen de manifiesto la incidencia que está teniendo la reforma legal sobre las infracciones cometidas al volante.

De los 74 conductores juzgados, que pueden ser sancionados con hasta penas de tres años, en función de la gravedad de los hechos que se le atribuyen, sólo hay una mujer condenada y el resto son varones. De estos últimos, la mayoría son españoles, aunque también hay seis ciudadanos de nacionalidad extranjera.

Las principales infracciones que cometen los conductores de Sevilla guardan relación, como ocurre en el resto del país, con la conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad. Así, diez de las condenas han sido impuestas a conductores que en un primer control arrojaron una tasa de alcohol en aire espirado de más de un gramo, lo que significa un elevado grado de intoxicación etílica, sobre todo si se tiene en cuenta que la nueva ley prevé penas de entre tres y seis meses de cárcel o una multa para los conductores que arrojen una tasa superior a 0,60 miligramos por litro. Si se les hubiera realizado un control de alcoholemia en sangre, la tasa podría haber superado los dos gramos por litro, lo que supone que se situaría muy por encima de los niveles que se castigan con la nueva norma, que sanciona la conducción con un nivel superior a 1,2 gramos por litro.

Una de las novedades importantes de la reforma del Código Penal hace referencia precisamente a la negativa a someterse a las pruebas para detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica, que antes del cambio legal se consideraban como un delito de desobediencia y que ahora pasa a estar castigado de forma autónoma y con penas de prisión. En este apartado, los jueces sevillanos condenaron en diciembre pasado a dos conductores que se negaron a someterse a estas pruebas. Según la nueva tipificación, los conductores que se nieguen a este control pueden ser condenados con penas de entre seis meses y un año de cárcel.

Junto a las personas condenadas tras ser sorprendidas conduciendo un vehículo bajo los efectos del alcohol, los jueces han impuesto en un mes dos condenas a personas que circulaban a una velocidad superior a la permitida y que también mostraron su conformidad con las penas solicitadas por la Fiscalía tras ser conducidos al juzgado de Guardia.

El endurecimiento de las sanciones ha sido especialmente significativo en este punto, dado que la reforma prevé penas de entre tres y seis meses de prisión o la imposición de multas a aquellos conductores que superen en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en una vía urbana y en 80 kilómetros en las de carácter interurbano. Y es que, según recoge el preámbulo de la ley 15/2007, el objetivo de la nueva regulación penal no es otro que incrementar el control sobre los excesos de velocidad y los niveles de ingestión alcohólica que deben considerarse "peligrosos" y, en consecuencia, son susceptibles de un mayor reproche penal.

Otras dos personas fueron condenadas en diciembre de 2007 por un delito de conducción temeraria, tras haber circulado con sus vehículos en sentido contrario al obligatorio y por el acerado, respectivamente.

La estadística relativa al primer mes de aplicación de la nueva normativa se completa con la condena a un conductor que circulaba pese a tener retirado el carné, lo que constituye un delito de quebrantamiento de condena.

La capital andaluza fue la ciudad española donde se produjo la primera detención de una persona a la que se aplicó la reforma del Código Penal que endurece las sanciones en materia de seguridad vial. El conductor arrestado es un vecino de Gelves, de 25 años, que fue capturado tras saltarse un control de alcoholemia que la Policía Local de Sevilla había establecido en las inmediaciones de la isla de la Cartuja.

A pesar de que los agentes le habían dado el alto al vehículo, el conductor, aunque inicialmente disminuyó la velocidad con la intención aparente de detenerse, se dio rápidamente a la fuga a gran velocidad. Los agentes de la Policía Local que le persiguieron por las calles de la ciudad pudieron comprobar que el individuo llegó a alcanzar hasta los 120 kilómetros por hora, una velocidad que duplica con creces la permitida dentro del casco urbano, fijada en 50 kilómetros por hora aunque en algunas zonas es incluso inferior.

En la persecución del vehículo fugado participaron varios patrulleros de la Policía Local de Sevilla, que lograron capturar al joven a la altura del puente del Cristo de la Expiración. En la persecución, el joven no respetó la señalización de Tráfico ni obedeció los requerimientos de los agentes para que detuviera la marcha del vehículo.

El joven fue imputado por sendos delitos contra la seguridad del Tráfico y resistencia grave a la autoridad, pero fue finalmente puesto en libertad con cargos una vez que los funcionarios de la Policía Local instruyeron el correspondiente atestado sobre los hechos que motivaron su arresto.