La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha abierto juicio oral contra José Eugenio Alcarazo Fernández, el asesino del vicario de San Isidoro Carlos Martínez Pérez, que fue apuñalado en la tarde del 16 de julio de 2015, y le ha reclamado una fianza de 200.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones a los familiares del presbítero, que tenía 75 años.

En el auto dictado por la magistrada se recoge entre los hechos que serán sometidos a un jurado popular que el sacerdote fue hallado muerto en el portal de su domicilio, en la calle Francisco Carrión Mejías, sobre las 20:07 del 16 de julio del año pasado. El cadáver presentaba, según informe del médico forense, nueve heridas por arma blanca de tipo inciso-punzante y que son compatibles con el arma intervenida por la Policía Científica cuando procedieron a la detención del acusado y aportada para su examen.

La instructora explica además que los testigos presenciales habían observado que el agresor se marchó en un Seat Altea, con matrícula 0699FXS y que es propiedad del acusado, José Eugenio Alcarazo Fernández, quien confesó en una llamada telefónica a su esposa -sobrina del sacerdote- que "había cosido a puñaladas a su tío".

La Policía interceptó, sobre las 20:14, el vehículo del procesado en la esquina de la calle San Vicente de Paúl, que portaba dos cuchillos de cocina que ese mismo día había comprado en un bazar chino en la calle Santa Cecilia. Examinada la camisa que portaba el fallecido, ésta presenta tres cortes por penetración en su parte anterior y otra en su parte posterior, cortes que son compatibles con alguno de los dos cuchillos intervenidos.

La juez recuerda en el auto de apertura de juicio oral que, tras los oportunos análisis, fueron encontrados restos de ADN del fallecido en la empuñadura y hoja con restos de sangre de uno de los cuchillos intervenidos, en la sangre recogida del antebrazo izquierdo y esclava de la mano derecha del acusado, en los restos de sangre de la alfombrilla del coche y en la camisa que llevaba al ser detenido. También se evidenció ADN del acusado en la empuñadura del mismo cuchillo.

En el auto, la instructora reclama una fianza de 200.000 euros al acusado, para hacer frente a las posibles indemnizaciones a los familiares del sacerdote, en concreto, a su hermano y a sus cinco sobrinos por los daños y perjuicios causados.

La Fiscalía de Sevilla imputó en su momento un delito de asesinato a José Eugenio Alcarazo Fernández, al considerar que el acusado siguió un "plan preconcebido" para acabar con la vida del presbítero.