El Juzgado de lo Social número uno ha aplazado la vista oral señalada para este mismo miércoles a cuenta del conflicto colectivo promovido por el comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos, Mercasevilla, por la supuesta amortización "unilateral" de tres puestos de empleo en los últimos meses. Los sindicatos creen que la amortización de estos puestos de trabajo constituye un "incumplimiento" de los acuerdos oficiales relativos a la conservación de la estructura laboral de la compañía, en la que el comité de empresa teme posibles privatizaciones o externalizaciones.

En concreto, y según ha informado el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), la vista oral estaba señalada para este miércoles, después de que se saldase sin acuerdo una reunión celebrada el pasado mes de mayo entre el comité de empresa y la directiva de la sociedad mixta en el seno del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Dado este desacuerdo, el asunto ha derivado a la vía Social, si bien la citada instancia judicial ha aplazado la vista oral por aspectos formales.

Rafael Domínguez, de cualquier modo, defiende que esta amortización "unilateral" de puestos de trabajo vulnera "los acuerdos en materia de plantilla". Y es que en un documento sellado por el propio Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía el 20 de diciembre de 2004, el por entonces director general de la compañía, Fernando Mellet, firmaba el "mantenimiento de la configuración actual de la plantilla, que está fijada en 189 trabajadores".

Un segundo documento fechado el 22 de diciembre de 2004 y firmado por el propio ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) refleja el "compromiso adquirido" entonces por el propio primer edil para el arbitraje de "mecanismos de aportación y obtención de recursos financieros que garanticen la viabilidad de la empresa o mediante transferencias o ampliaciones de capital", en un supuesto de "déficit que menoscabe los derechos de los trabajadores en algún ejercicio económico de Mercasevilla". En el mismo documento, figura el mantenimiento del "sistema de servicio público" del mercado central de abastos como otro de los compromisos adquiridos por Sánchez Monteseirín.

Ambos documentos, de hecho, resolvieron la huelga convocada en 2004 por los sindicatos en el mercado central de abastos después de que la Dirección General de Mercasevilla y la asociación de mayoristas de pescado pactasen una reducción en la tasa correspondiente a la venta de cefalópodos elaborados (chocos o calamares, por ejemplo), dado que tal rebaja habría constituido, según los sindicatos, una "merma" de aproximadamente 540.000 euros anuales para los ingresos de Mercasevilla.