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Sevilla

El juez llama al interventor y al auditor tras la declaración de Torrijos

  • Braojos y un empleado de Deloitte declararán como testigos por las supuestas irregularidades en la Fundación DeSevilla.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las supuestas irregularidades en torno a la gestión de la extinta Fundación DeSevilla, ha llamado a declarar como testigo el próximo día 6 de febrero de 2014 al interventor del Ayuntamiento José Miguel Braojos.

En una providencia, el juez Juan Gutiérrez Casillas cita a declarar el 6 de febrero, a partir de las 9:00, tanto al interventor municipal como a la persona que hizo el informe de la consultora Deloitte, contratada para auditar las cuentas de la entidad, que concluyó la existencia de "distintas irregularidades en la justificación de gastos" por parte de la fundación.

En esta causa permanecen imputados Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato; el ex director gerente de la fundación Miguel López Adán, y el ex primer teniente de alcalde y actual concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos.

Precisamente, Torrijos anunció el pasado viernes que renunciará a su acta de concejal al finalizar el año en curso o a comienzos de 2014, una vez finalice el debate plenario del Consistorio sobre las ordenanzas fiscales y los presupuestos generales de 2014, ya que no desea que su condición de imputado sea instrumentalizada políticamente para atacar a la federación de izquierdas.

Este anuncio de Torrijos se produjo en la misma semana que compareció como imputado ante el juez, ante quien dijo "ignorar" el destino dado a los 742.500 euros abonados por el Ayuntamiento a la Fundación DeSevilla en relación al expediente 98/08 para distintos proyectos de cooperación internacional.

Torrijos, que reconoció que Deloitte puso en conocimiento de los patronos la existencia de un desequilibrio patrimonial en la fundación, cargó la posible responsabilidad sobre los otros dos imputados, cuya imputación inicial se produjo después de que la Guardia Civil emitiera un informe en el que advertía de que había detectado que 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento hispalense se destinaron a otros fines.

En el expediente 98/08 "sí hubo una observación" por parte del interventor municipal, señaló Torrijos, quien aseveró que, como delegado de Relaciones Institucionales, "ostentaba el cargo y desarrollaba en él una actividad fundamentalmente política", por lo que "no estaba encima de la tramitación día a día de todos los expedientes y de todas las incidencias que hubiese en cada expediente", por lo que "existen muchos detalles que no recuerda o que no puede precisar bien, a pesar de que hubiese plasmado su firma en los expedientes".

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