Nuevo capítulo de la herencia del gobierno de PSOE e IU. La Justicia obliga al Ayuntamiento de Sevilla a pagar ahora casi 800.000 euros en certificaciones de obra realizadas durante el segundo y el tercer mandato de Monteseirín. Son los casos de los proyectos de reurbanización de las plazas de la Alfalfa, San Isidoro y la Pescadería, así como a un contrato de conservación de espacios públicos. La comisión ejecutiva de Urbanismo celebrada ayer aprobó el acatamiento de dos sentencias condenatorias que obligan a este organismo autónomo del Ayuntamiento a hacer frente al pago de 799.294 euros en concepto de intereses de demora y de revisión de precios de certificaciones de obras acometidas hace más de siete años.

El primero de los fallos judiciales, dictado el pasado 2 de noviembre, reconoce una deuda de la Gerencia de Urbanismo de 131.137,92 euros en concepto de revisión de precios y de intereses de demora en el pago de certificaciones ordinarias correspondientes al contrato de obras de la segunda fase del proyecto de reurbanización de las plazas la Alfalfa, San Isidoro y la Pescadería, así como calles aledañas, ejecutado entre los años 2006 y 2007.

La segunda sentencia, del día 5 de noviembre, condena a la Gerencia de Urbanismo al pago de 668.157 euros, cantidad a la que ascienden los intereses de demora devengados del retraso en el pago de facturas derivadas de la ejecución del contrato de Servicio de Conservación, Reparación y Reforma del Viario y Espacios Públicos del municipio de Sevilla, sector 1, entre los años 2003 y 2005.

Estas sentencias condenatorias se suman a otras 13 resoluciones judiciales, ejecutadas entre octubre de 2011 y octubre de 2012, que han supuesto que la Gerencia de Urbanismo haya tenido que satisfacer pagos por valor de alrededor de 475.000 euros, sólo en concepto de intereses de demora de certificaciones de obras realizadas años atrás, y de los intereses que a su vez han generado los intereses vencidos, líquidos y exigibles.

El concejal delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, comentó ayer que se están abonando ahora intereses de obras que se acometieron en anteriores mandatos y que "no se pagaron en su debido momento, por lo que este incumplimiento de pago ha ocasionado no sólo tengamos que hacer frente al pago de estas obras, sino también de los intereses que han ido generando en estos años".

El mismo delegado de Urbanismo destacó que, a pesar de haber satisfecho "numerosas" reclamaciones de cantidades pendientes adeudadas a empresas con las que Urbanismo contrató años atrás y del "inmediato acatamiento" de las dos sentencias antes referidas, la Gerencia aún deberá hacer frente a nuevas obligaciones de pago por los intereses generados a consecuencia del abono con retraso de certificaciones de obras antiguas. Además de las comentadas, existen otras 18 sentencias judiciales pendientes de acatar, que elevan el importe total a satisfacer a 1.854.014 euros. El origen de todas estas sentencias judiciales se remonta a obras ejecutadas entre los años 2002 y 2008.

Entre las características del gobierno de Zoido, que lleva 16 meses dirigiendo la ciudad, figura la de dar a conocer continuamente los aspectos más polémicos de los gobiernos anteriores de coalición entre el PSOE e IU. Una estrategia que es conocida como la difusión de la herencia. De esta forma, el PP recuerda continuamente los lastres de los dos partidos que conforman la oposición en el Ayuntamiento, desde cuestiones de polémica política (como en el último Pleno resucitando la mariscada de Torrijos) como las derivadas de sentencias judiciales.