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La ordenanza sobre ciclistas vulnera el Código de Circulación, según el Defensor

  • La institución recomendó el 1 de julio que se dejase sin efecto y "con carácter urgente" la disposición que permite a las bicicletas circular en las zonas peatonales · El Ayuntamiento no ha dado aún una respuesta

La habilitación del carril bici en gran parte de Sevilla y el proceso de peatonalización del centro de la ciudad han provocado un considerable aumento de la circulación de bicicletas, con los consiguientes beneficios que este fenómeno genera para la protección del medio ambiente y la salud de las personas al reducirse los niveles de contaminación que emiten los vehículos a motor. La otra cara de la moneda la ofrece el Defensor del Pueblo Andaluz en una resolución en la que cuestiona la legalidad de la Ordenanza municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas por el "serio riesgo" de accidentes que genera al permitir que viandantes y usuarios de bicicletas compartan las "aceras-bici".

La resolución del Defensor, fechada el pasado 1 de julio, fue remitida al Ayuntamiento, el cual no ha dado aún una respuesta a la institución sobre sus planteamientos pese a que el comisionado del Parlamento solicitó que el artículo 41 de la Ordenanza quedase "sin efecto [...] con carácter urgente" por ser contrario al Código de la Circulación, en cuyo artículo 121.5 "se prohíbe, sin excepción alguna, la circulación de toda clase de vehículos por aceras y zonas peatonales".

Las consecuencias de esta posible colisión normativa en caso de que se produzca un accidente entre una bicicleta y un peatón, advierte el Defensor, pueden recaer en el Ayuntamiento, que corre el riesgo de ser declarado por un tribunal como responsable del siniestro desde un punto de vista administrativo.

La ordenanza establece, en concreto, que las bicicletas compartan con los peatones las aceras a condición de que circulen cuando no exista una aglomeración de personas, que lo hagan a una velocidad inferior a 10 km/h, a una distancia mínima de un metro de viandantes y fachadas y no realicen maniobras "negligentes o temerarias" que puedan afectar a la seguridad de aquéllos, observaciones éstas que para el Defensor no dejan de ser una mera declaración voluntarista ante la dificultad de velar por su cumplimiento efectivo.

El informe del Defensor arrenmete también contra el diseño del carril bici, que responde a un modelo de "acera-bici" en el que el espacio para la circulación de las bicicletas se ha ganado a costa del reservado para los peatones. "Con ello se han evitado costes económicos y conflictos con los usuarios públicos y privados de vehículos a motor, pero se ha debilitado el espacio y, lo que es peor, el hábitat natural del peatón en la ciudad", apunta la resolución.

Las alternativas a este modelo, se añade a continuación, pasan por el diseño de carriles bici situados sobre las calzadas preexistentes, lo que reduce el espacio para el paso de los vehículos a motor y visualiza la apuesta política por la sostenibilidad, o por ampliar las aceras, lo que también provocaría una merma de las calzadas. "Pensamos que el incremento presupuestario que supone, en general, la construcción de infraestructuras públicas de mayor coste queda compensada si logran una optimización de objetivos, tienen vocación de perdurabilidad y son adecuadas para la finalidad que persiguen", sentencia el Defensor.

El día a día, apunta el informe, hace necesaria la elaboración de "un plan destinado a inspeccionar y prevenir situaciones de riesgo con objeto de detectar dónde y por qué motivos se están produciendo más colisiones y accidentes", una medida que debe estar acompañada de un programa de supresión de estos "puntos negros".

Un portavoz del Observatorio de la Sostenibilidad Urbanística, dependiente de la Delegación municipal de Infraestructuras por la Sostenibilidad -comandada por Antonio Rodrigo Torrijos (IU)- informó a esta redacción de que dicho departamento está elaborando un informe para dar respuesta al Defensor, si bien no desveló si se llevará a cabo una reforma de la ordenanza conforme a los criterios apuntados por el comisionado del Parlamento andaluz.

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