Sevilla

La ordenanza municipal para acabar con los 'gorrillas' pierde todo su efecto

  • La Policía Local denuncia a los aparcacoches ilegales, pero éstos no suelen tener domicilio fijo y las multas no se pueden notificar · Los agentes no pueden requisarles el dinero ni detenerlos y sólo actúan si hay una denuncia

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Cinco meses después de su entrada en vigor, la ordenanza antivandálica no ha logrado erradicar a los gorrillas de las calles sevillanas. La Policía Local está multando a los aparcacoches ilegales con cierta frecuencia pero esas denuncias pierden su efecto al no poder ser notificadas a los infractores. Así, sigue siendo habitual ver a gorrillas en determinadas zonas de la ciudad como Bami, Nervión, la Buhaira, el entorno de los hospitales o el de los estadios de fútbol durante los días de partido.

La ordenanza, que entró en vigor el 17 de diciembre, castiga con 120 euros de multa la práctica de exigir dinero a cambio de indicar un lugar para aparcar. La Policía Local se encarga de aplicar esta normativa y es habitual que denuncien a los aparcacoches de manera reiterada. Sin embargo, la mayoría de los gorrillas carecen de domicilio fijo. Son personas que duermen generalmente en la calle, salvo cuando reúnen el dinero suficiente para poder pagarse una pensión. De ahí que las multas se tramiten, pero resulte imposible luego notificarlas o entregarlas a los gorrillas en mano.

La Policía Local impone aproximadamente al día una media de medio centenar de denuncias por este motivo. Sólo en el distrito Este suele multarse a diez gorrillas cada jornada, según las fuentes de este cuerpo consultadas por este periódico. En los casos en los que el aparcacoches lleva encima su documentación, los policías suelen multarlos sobre la marcha. A los denunciados incluso se les apunta en el boletín el lugar en el que duermen, por lo que al servicio de multas del Ayuntamiento han llegado denuncias en las que consta un banco de una plaza o un cajero de un banco como domicilio de la persona denunciada.

En la práctica es imposible notificar luego estas sanciones, por lo que la ordenanza antivandálica pierde su efecto. En los casos en los que el gorrilla en cuestión no lleva encima su DNI ni ningún otro documento que pueda servir para identificarlo, los policías lo trasladan a la comisaría para comprobar sus datos, lo denuncian y luego lo dejan de nuevo en libertad. Tampoco en estos casos la multa resulta luego efectiva, ya que no hay forma posible de hacerle llegar la multa física al denunciado.

La Policía no suele intervenir de oficio contra los gorrillas, sino que lo hace cuando recibe una llamada de algún ciudadano que comunica la presencia de uno d e estos aparcacoches. Todos estos avisos se canalizan a través del teléfono de emergencias 112. En la práctica, esto se traduce en que son muy pocos los que dan el paso de denunciar esta extorsión y optan por darle una pequeña cantidad de dinero al gorrilla. En estos casos la Policía no puede hacer nada contra el aparcacoches porque teóricamente el ciudadano le entrega unas monedas de buena fe y sin que medien unas amenazas directas, por mucho que la persona que aparca su vehículo suponga o piense que si no entrega el dinero su coche será dañado.

Sólo podría ser detenido o imputado por extorsión un gorrilla en el caso de que un conductor acuda a la Policía para denunciar que ha recibido amenazas hacia su persona o hacia su vehículo, pero nunca porque alguien tenga la suposición o sospecha de que el aparcacoches va a causar daños en su coche si no le entrega una cantidad de dinero.

Ésta es la razón que explica el hecho de que ninguno de los gobiernos locales de las últimas dos décadas haya podido acabar contra este fenómeno. A principios de los 90, el gobierno de Alejandro Rojas Marcos ya ordenó a los policías detener a los gorrillas, pero esta medida fracasó porque los jueces los dejaban en libertad al comprobar que en su práctica no había delito alguno. Antes de elaborar la ordenanza antivandálica, el Ayuntamiento estudió la posibilidad de requisarles el dinero recaudado durante el día, pero no encontró la manera legal de vertebrar esta medida sin vulnerar derechos fundamentales.

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